Hay dos mecanismos que establece el artículo 236 de la Constitución de la República para nombrar a los titulares de la Suprema Corte. Primero la venia de la Asamblea General con dos tercios de sus integrantes y, en caso de no alcanzarse esta mayoría especial, quedará designado el miembro del Tribunal de Apelaciones con mayor antigüedad.
El oficialismo había llegado a un acuerdo con la oposición que naufragó por la oposición de Cabildo Abierto.
El senador del Partido Nacional Gustavo Penades explicó que “había un principio de acuerdo para designar las vacantes que se iban a generar en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Era un importante avance con el Frente Amplio pero Cabildo Abierto entendió que había que negociar también la designación del fiscal general de la Nación y del fiscal general adjunto. En ese sentido eso fue lo que entorpeció o al menos enlenteció la posibilidad de un acuerdo y a la postre lamentablemente el acuerdo no se pudo concretar”.
Para la senadora Lucía Topolansky, la encargada de la negociación por el Frente Amplio, la negociación fue un “fracaso” y la responsabilidad es de la coalición de gobierno.
“Quien negociaba por el oficialismo era el senador Penades que me consta que puso todo el empeño, incluso en un momento intervino fugazmente la vicepresidenta. Nosotros pusimos todo el empeño, hubo propuestas de los dos lados. Al final, aceptamos la última propuesta que nos llegó del oficialismo pero el oficialismo no consiguió los votos”, dijo.
Para Penades es casi un hecho que no se alcance un acuerdo para los dos ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero sostiene que para el 2025 se tiene que alcanzar un acuerdo “si o si” para los cargos de fiscal general y su adjunto.
El fiscal de Corte Juan Gómez podrá ocupar el cargo hasta el 2025. Cuando cumpla 70 años deberá abandonar el cargo según lo establecido en el artículo 250 de la Constitución.
Para este cargo no está previsto la antigüedad si no hay acuerdo en el Parlamento.
Según Topolansky, el nombre que se manejaba para la Suprema Corte era el de la doctora Rosina Rossi. Tanto Rossi como Morales son juezas laboralistas, el mismo perfil que tiene el ministro que abandonó el cargo.
Para la senadora frenteamplista, es preocupante que no se puedan alcanzar acuerdos porque en la negociación pesa mucho la trayectoria del juez. Topolansky dijo que tienen un “equipito” en el que estudian las sentencias de los jueces a consideración. Dijo que en la selección del juez influye más, la capacidad técnica que el “pelo político”.
Tanto Topolansky como Penadés reconocieron que el sistema es imperfecto y que la mayoría especial que establece la Constitución hace que los partidos tengan poder de veto sobre los aspirantes a los cargos, independientemente a su capacidad y trayectoria. Penadés recordó una iniciativa, que había tenido cierto consenso, pero no se llegó a ejecutar.
Aquella iniciativa de él, Topolansky y Pedro Bordaberry preveía un régimen de audiencias en el Senado con los candidatos a los cargos para que los legisladores hicieran preguntas y fueron tomando una decisión.
“Quizás en un futuro tengamos que retomar aquella vieja idea”, dijo.
