"Tenemos a 200 (presos) dentro. Y esos tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos (...) sin ningún problema", declaró Arnaldo Otegi el lunes durante una reunión con sus compañeros de coalición, según un video difundido este miércoles por un medio vasco.
Sus declaraciones provocaron un acalorado debate en el Congreso de los Diputados este miércoles.
"¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos como (...) ha dicho Otegi? Responda, ¿sí o no?", lanzó el líder de la oposición de derecha, Pablo Casado del Partido Popular (PP), al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez.
"Es un no rotundo", respondió Sánchez, que en el pasado se benefició del apoyo en el Parlamento de los cinco diputados separatistas vascos de Bildu, una formación considerada como la heredera del brazo político de ETA. Bildu votó a favor de los presupuestos del Estado anteriores.
A la cabeza de un gobierno de izquierdas minoritario, Sánchez debe ganarse el apoyo de numerosas pequeñas formaciones para aprobar los presupuestos, dando pie a regateos políticos.
"La ley se ha aplicado, se aplica y se aplicará en todo momento", subrayó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un ex juez que instruyó numerosas causas relacionadas con ETA, descartando cualquier acuerdo de excarcelación.
Arnaldo Otegi --quien estuvo preso por el secuestro de un empresario pero quien luego jugó un papel en el fin del recurso a la violencia del grupo-- reconoció por primera vez el lunes "el dolor" causado a las víctimas por parte de la organización separatista. "Nunca debió haberse producido", dijo.
Un gesto calificado de "insuficiente" por el gobierno, que pide a la izquierda separatista condenar claramente a ETA y los homenajes a los exetarras cuando salen de prisión.
Fundada en 1959 bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), ETA (Euskadi Ta Askatasuna, País Vasco y Libertad) cometió numerosos atentados, asesinatos y secuestros en más de cuatro décadas de violencia. La organización, a la que se le atribuyen más de 850 muertos, anunció su disolución definitiva en mayo de 2018.
AFP
