El documento fue publicado en la página de Antel y por ahora no aparece en la de la Jutep.
La Jutep analiza la información de una auditoría que pidió Antel, no investiga por cuenta propia.
Según la Jutep, Antel violó los principios de buena administración. No se sujetó al ordenamiento jurídico vigente en las contrataciones realizadas, violentó la transparencia al reservar las acciones 10 años y tuvo un sobrecosto de unos 60 millones de dólares que demuestra poco respeto a los principios de eficiencia.
Pasos
Antel pidió una consultoría a la empresa Ecovis y mandó los resultados a la Jutep el 14 de junio. Al mismo tiempo envió a la Fiscalía los resultados.
La Jutep contrató un asesor externo, un abogado. Pero lo que analiza es la información de la consultora y no se hace responsable de cómo investigó esa auditoría.
En el informe, la Jutep dice que “es necesario precisar” que las conclusiones que se exponen en el documento “están fundadas en las evidencias logradas por el auditor externo contratado por Antel, las que se consideran suficientes conforme el requerimiento del organismo en cuanto a determinar posibles violaciones a los principios y normas éticas contenidas en las disposiciones sobre la conducta debida de los funcionarios públicos”.
Además, dice que si las herramientas de la auditoría son “confiables o suficientes (...) son materias ajenas a las competencias de esta junta”.
La auditoría externa investigó el costo total, el sistema de contrataciones utilizado y la gestión general del proyecto en base a los resultados económicos.
Resultados de la auditoría
La auditoría externa establece que el costo total del Antel Arena fue un poco inferior a los 120 millones de dólares (119.721.147 dólares).
También plantea que “la ejecución de la obra presentó debilidades importantes, principalmente al comienzo del proyecto, que se fueron subsanando en general, manteniéndose otras, principalmente en lo que hace a la gestión del Cronograma Maestro”.
Dice además que la auditoría no pudo acceder “al presupuesto general del proyecto por razones de confidencialidad”. “Todo parece indicar que se fue gastando a medida que fue necesario”, agrega.
En abril de 2013 se estimó un costo de la obra de 40 millones de dólares, en el que se incluía el edificio principal, el anfiteatro y la explanada. En 2015, el Plan de Negocios al que tuvo acceso el auditor externo elevaba el costo a 56.500.000 dólares incluyendo ahora el edificio principal, el anfiteatro, la explanada, la playa de maniobras y logística, instalación sanitaria, eléctrica, iluminación, detección e extención de incendios, acondicionamiento término y equipamiento básico”.
La diferencia entre el costo inicial previsto y el real, “se debe a errores en la estimación de costos de los conceptos incluidos en la plan de negocios y a que algunos conceptos no se contemplaron”.
Entonces afirma que al “aprobarse el proyecto, existía un Plan de Negocios incompleto y la construcción se inició 'sin la existencia de un cronograma, plan de calidad ni presupuesto financiero'. Nunca existió un cronograma completo, por lo cual los plazos, en general, y los del contratista principal en particular, no se cumplieron”.
En cuanto a las pérdidas una vez construido y en funcionamiento el Antel Arena, la auditoría establece que entre noviembre y diciembre de 2018 el complejo perdió 429.784 dólares, en 2019 perdió 604.452 dólares, y entre enero y junio de 2020 perdió 872.696 dólares. El total de pérdidas en ese período fue de casi dos millones de dólares (1.906.932 dólares).
“Si se toman en cuenta contratos y servicios operativos, como ser mantenimiento, seguros, energía eléctrica, etc., la perdida se incrementa hasta llegar a un total de 2.985.282 dólares”, agrega.
Conclusiones de la Jutep
En las principales conclusiones de la Jutep se dece que Antel no se no se sujetó al ordenamiento jurídico vigente en las contrataciones realizadas, violentó la transparencia al reservar las acciones 10 años y tuvo un sobrecosto que demuestra poco respeto a los principios de eficiencia: de unos 40 a unos 120 millones de dólares.
También se afirma que la empresa violentó la transparencia “al clasificar de reservadas la totalidad de las contrataciones”.
