Cabildo Abierto señaló que la interpelación promovida por el Frente Amplio tenía consecuencias políticas en ese punto.
“Esta interpelación no es estéril. Esta interpelación va a determinar en la aprobación de su moción final el compromiso de hacer cambios en esa negociación que se hizo", dijo el senador y líder de ese partido, Guido Manini Ríos.
"Nosotros entendemos que el más importante de todos, el que para nosotros realmente afectaba la soberanía, es el que la empresa renegocie, se haga una adenda, una ampliación o lo que sea que corresponda jurídicamente, reservándole al Estado uruguayo el derecho a autorizar o no un cambio de propiedad en ese 80% de la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP)”, agregó.
TCP es la empresa creada para la administración de la terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo, donde la empresa belga tiene el 80% de las acciones y la Administración Nacional de Puertos el 20% restante.
Sobre las 5:30 de la mañana se votó por mayoría la moción que incluyó el pedido del Partido Colorado de crear una unidad reguladora y el planteo de Cabildo Abierto de anexar al acuerdo una cláusula ante la posible venta de acciones de Katoen Natie en TCP.
Manini Ríos y Cabildo Abierto fueron muy críticos de la manera en que se negoció el acuerdo. El primero en hacerlo fue el senador Guillermo Domenech que dijo que ellos tienen un representante en el directorio de la Administración Nacional de Puertos que no se enteró de la negociación.
Esa crítica a la transparencia acompañaba la hecha por el Frente Amplio respecto a que esto se hizo entre cuatro paredes en un acuerdo entre el Partido Nacional y la empresa belga. Domenech incluso aludió al tuit que hace unas semanas hizo el canciller Francisco Bustillo sobre que este era un “gobierno del Partido Nacional”.
Finalmente, Manini dijo que decidieron “actuar con seriedad, con responsabilidad”.
“La mayoría de la ciudadanía de nuestro país votó por un proyecto político que hay que respaldar y hay que apuntalar, que todavía queda por delante hacer muchísimos cambios más y no podemos defraudar a la gente que nos depositó su confianza. Por eso hemos decidido respaldar que se continúe con las tratativas, con el acuerdo, con las negociaciones con esta empresa pero con algunas condiciones, algunas de las cuales van a estar reflejadas en la moción que se va a votar en pocos minutos”, afirmó.
La moción se aprobó por mayoría con los 18 senadores de la coalición multicolor.
Texto de la moción
1- Dar por satisfactorias las explicaciones brindadas por el Señor Ministro Interino de Transporte y Obras Públicas
2- Afirmar que el Gobierno de Coalición ha tenido que buscar soluciones dada la situación generada por las administraciones anteriores que expusieron al País a reclamaciones internacionales y serios perjuicios de la actividad portuaria, comprometiendo seriamente el futuro del Puerto de Montevideo
3- Requerir al Poder Ejecutivo se incluya en el acuerdo logrado con la Empresa Katoen Natie la necesidad de la autorización previa del Estado Uruguayo ante una eventual enajenación de las acciones de la Empresa en la sociedad TCP,
4- Solicitar al Poder Ejecutivo el envío del Proyecto de Ley por el que se crea la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios (URSEP).
El punto 3 recoge el reclamo de Cabildo Abierto. Mientras tanto, el 4 es un planteo del Partido Colorado.
El punto 4
El proyecto de ley de creación de la URSEP ya estaría redactado o avanzado en su redacción por parte del diputado colorado Ope Pasquet.
El senador colorado Tabaré Viera sostuvo que lo que motiva a que exista una unidad reguladora estatal es que no va a existir la regulación típica que tienen los mercados.
“Tomamos las explicaciones del señor ministro como válidas, auguramos que esto sea para llegar a un buen éxito en el objetivo trazado pero creemos imprescindible que rápidamente se concrete la creación de esta unidad reguladora. Que sea objetiva, independiente, técnica y pueda asesorar al Poder Ejecutivo tanto en el control como en al regulación de las tarifas, de los permisos, y hasta la resolución de litigios”, dijo Viera.
Más allá de esta aspiración, aún se desconoce cuánto aceptará la empresa de la inclusión de esta unidad reguladora en un acuerdo que ya está firmado.
Cabildo Abierto
Las muchas críticas que planteó Cabildo Abierto en algunos momentos del debate fueron las mismas que sostuvieron los senadores de la oposición.
Domenech arrancó planteando estas críticas y anunció que luego Manini explicitaría la posición del partido.
“Cabildo Abierto no tuvo ninguna participación en este contrato. Este contrato a nosotros nos sorprendió, tenemos un representante en la Administración Nacional de Puertos pero no tuvo conocimiento de este contrato. Yo debo decirlo con la más absoluta sinceridad y no me es sencillo, no me es fácil: el contrato nos merece objeciones. Nos encontramos en la obligación moral de señalar que estas disposiciones deberían ser revisadas”, afirmó.
Ahí se planteó uno de los temas que atravesó toda la interpelación: qué papel jugó la el directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP). Algunas de las concesiones que se dan necesitan que el Poder Ejecutivo las apruebe con la venia previa de la ANP. Quien le dio esa autorización fue el presidente de la ANP pero no el directorio.
Domenech dejó en evidencia que este tema fue manejado por el presidente de la ANP con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, excluyendo al otro director del oficialismo y a la directora de la oposición.
Manini pidió que no se negocie más de esta manera. “Creo que entre todos tenemos que asumir el compromiso de sacar adelante una norma, una ley, que impida que esto se repita en el futuro. Pasó con uno, pasó con otro y va a seguir pasando si no hacemos nada. No puede ser que un gobierno comprometa una docena de administraciones por delante por mejor intencionado que sea, por más que entienda que eso es bueno para el país. Eso debe ser con el aval del Parlamento nacional, con el aval de los representantes del pueblo. Y creemos que un tratado de estos debe pasar en el futuro por el Parlamento Nacional”, afirmó.
Esta es una consecuencia política de la interpelación convocada por el Frente Amplio. Dentro del gobierno hay dos partidos que marcaron posición y cuestionaron cómo llevó adelante el tema el Partido Nacional. Eso está reflejado en la moción aprobada. El tema fue manejado por Presidencia de la República y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sin consultar a los socios de la coalición.
Desde el Frente Amplio, el senador Oscar Andrade planteó que por más quejas que haya, el acuerdo entre la empresa belga y el gobierno uruguayo queda firme.
“Es cierto que este es el momento en el que los legisladores tenemos que opinar para avalar o no el acuerdo que el gobierno hizo. Para eso nos votaron. Cuando votemos estaremos avalando o no. Esta es la instancia. Pero no puede decir ningún partido que integra el gobierno que no participó del acuerdo cuando la firma en el Poder Ejecutivo fue plena. Firmaron los ministros de Cabildo Abierto y firmaron los ministros del Partido Colorado. No pueden desentenderse del acuerdo firmado con la empresa belga como que llegó hoy”, dijo.
Con base en un informe de José Benítez, para No toquen nada.
