Esta ley se enmarca dentro de las acciones tendientes a la solución de problemas de sustentabilidad, creación de empleo y crecimiento económico, dando mayores posibilidades a la iniciativa privada y reconociendo el enorme potencial de los emprendedores en el cumplimiento de estos objetivos de interés público. La incorporación de las Sociedades BIC a la legislación uruguaya permite que cada una de ellas pueda gestar su propósito de largo plazo alineado al modelo del negocio que elija desarrollar.
El proceso de regulación sobre empresas o sociedades de beneficio e interés colectivo responde a tendencias regionales del mercado y políticas que se han desarrollado en el Uruguay y en países como Chile, Argentina, Perú, Colombia y Ecuador a lo largo de los últimos años.
El texto aprobado es el resultado de un trabajo colaborativo entre los legisladores, la academia y el sector empresarial. El proyecto fue redactado, presentado e impulsado por el grupo legal B integrado por las Dras. Natalia Hughes, Ivana Calcagno, Patricia Di Bello, Magdalena Pereira y Soledad Capurro quien realizó el seguimiento de todo el trámite parlamentario de la iniciativa.
Desde el punto de vista de jurídico, la ley para empresas BIC, no crea nuevos tipos sociales, sino que establece una política de ensamble con las figuras comerciales existentes, Sociedades Comerciales y Fideicomisos, a las que se les agrega la categorización BIC en caso de cumplir con los requisitos dispuestos por el proyecto. En tal sentido, esta categorización oficia de ropaje complementario a los tipos legales ya definidos en sus respectivas normativas.
La aprobación de esta ley convierte a Uruguay en el cuarto país sudamericano en reconocer y darle identidad jurídica a las sociedades o empresas de triple impacto, luego de haberse aprobado en Ecuador, Colombia y Perú.
“El impacto que la sanción de esta ley de empresas BIC uruguaya tiene en la región, es sin dudas de gran valor, pues está consolidando una figura legal moderna, que permite canalizar la capacidad innovadora y el capital financiero de una nueva generación de empresarios comprometidos en integrar a sus modelos de negocios objetivos ambientales y sociales y la seguridad de que el esfuerzo será reconocido en la identidad misma de sus empresas”, señaló Natalia Hughes, copresidente de Sistema B Uruguay.
