Acuerdo en el transporte: el fortalecimiento regulador y “el tamaño del problema”

En 2020 unos 3.300 millones de pesos “se evaporaron” del sistema de transporte de Montevideo. El director de la División de Transporte de la Intendencia, Gonzalo Márquez, explicó cómo se resolvió ese problema y habló del “fortalecimiento” del rol regulador de la comuna durante la pandemia.

Actualizado: 18 de mayo de 2021 —  Por: Redacción 180

Acuerdo en el transporte: el fortalecimiento regulador y “el tamaño del problema”

adhoc©Ricardo Antunez

Márquez dijo en No toquen nada que la Intendencia trabajó en la disminución del costo de cada kilómetro recorrido. “Mediante un acuerdo al que llegamos con empresas y sindicatos, se abatieron costos laborales, administrativos, pero además hubo que poner mucha plata arriba”, afirmó.

Para financiar el sistema, que tuvo una caída en la demanda de un 55% por la menor movilidad de las personas y la necesidad de que las unidades no estuvieran sobrecargadas, la Intendencia asumió una deuda de 350 millones de pesos y el gobierno nacional desembolsó partidas extraordinarias por unos 330 millones de pesos. Esto junto al mantenimiento de las partidas habituales de estudiantes (que no estaban concurriendo a clases) y las de gasoil.

“Hay líneas que están en un 80% y otras que están en un 120%. Eso tiene que ver con el trabajo que hace la Intendencia monitoreando las condiciones de ocupación de cada uno de los 15.000 servicios que circulan la ciudad. Eso lo hacemos con algoritmos que estiman la ocupación de cada uno de esos servicios en cada momento. Son decenas de miles de estimaciones que hacemos para poder decir dónde va la oferta”, explicó Márquez.

“Tenemos el dato cierto de los ascensos, no de los descensos. Estimamos los descensos con algoritmos en función de cómo es el comportamiento de cada viaje y porque lo tenemos ampliamente tarjetizado. Sabemos los ascensos, estimamos los descensos y podemos construir la curva de ocupación de cada uno de los servicios de transporte”, agregó.

Así se llegó a un incremento en la oferta con el objetivo de eliminar la sobreocupación en el sistema, mientras haya una demanda reducida al 45%.

“El funcionamiento histórico del sistema ha sido que las empresas proponen una oferta determinada y la Intendencia valida. Esa validación durante mucho tiempo fue administrativa. Hoy se han potenciado las capacidades regulatorias durante este tiempo y este último acuerdo con el Poder Ejecutivo lo demuestra. Detrás de ese acuerdo lo que hay es una cuantificación del tamaño del problema”, explicó Márquez.

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