El último dato disponible indica que había 12.483 personas presas, eso significa 1.360 más que en diciembre del año pasado y 370 más que en mayo de este año, según un informe de la Fiscalía General de la Nación. La tasa de presos cada 100.000 habitantes en Uruguay es de 354, la segunda de la región, apenas por debajo de Brasil (366).
El informe muestra que el porcentaje de presos que tiene condena siguió aumentando este año. A principios de 2020 eran el 77,7% y en julio alcanzó el 82,8%. En diciembre de 2017 era solamente del 30,2%.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, comentó este dato en la conferencia de prensa brindada este jueves y recordó cuál fue el caso que puso a Uruguay en la mira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este tema y lo mantiene bajo esa vigilancia del organismo internacional hasta ahora.
“No se olviden de que Uruguay y de hecho si estando monitoreado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de lo que fue el denominado caso Peirano, donde había indicado la necesidad de modificar su régimen de prisión preventiva. Que tenía que ser una medida cautelar y una pena anticipada”, dijo.
El informe que presentó ayer la Fiscalía General de la Nación es sobre denuncias formalizadas, imputaciones a personas y población privada de libertad que muestra tendencias al alza en todos esos datos.
Respecto a las formalizaciones logradas los datos muestran una tendencia clara al alza. De hecho en junio de este año se alcanzó el récord mensual de denuncias formalizadas con al menos un imputado con 1.900 casos, superando el registro de octubre del año pasado donde se habían registrado 1.670.
A su vez, comparados con igual mes del año pasado, todos los meses menos mazo registran cantidades superiores de casos con imputados que en igual mes del año anterior.
El informe también destaca la diversificación de los tipos de delitos en los que se logran imputaciones. El destaque señala que además de mantener altos niveles en delitos como hurtos y rapiñas se logró aumentar significativamente el logro de imputaciones en delitos más complejos para las fiscalías como violencia doméstica y estafa.
