Esta advertencia, lanzada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se produce en un momento en que entra en vigor un nuevo tratado celebrado en 2012 y destinado a proteger los derechos de los trabajadores del sector audiovisual y a mejorar sus ingresos.
Esos nuevos derechos permitirán aumentar los pagos vinculados a la retransmisión, en el momento mismo en que numerosas producciones están paralizadas debido a la pandemia de la COVID-19.
"Es difícil cuantificar las consecuencias en el momento, pero el sector está en apuros" con muchas personas sin recursos, afirmó el director general de la OMPI, Francis Gurry, en una entrevista con la AFP, argumentando, por ejemplo, que cientos de personas suelen estar implicadas en la producción de una sola película.
"El momento (para que entrara en vigor aquel tratado) no podría haber sido mejor escogido para aumentar el monto -y la previsibilidad- de los ingresos de los artistas intérpretes o ejecutantes del sector audiovisual, en momentos en que la pandemia de la COVID-19 perturba la actividad económica" del sector, señaló.
A pesar de la adopción de ese tratado, el jefe de la OMPI no oculta su preocupación frente a la situación actual de la rama económica de la cultura.
Los gobiernos deben preocuparse de la salud de los ciudadanos, reconoció Gurry, pero no olvidarse de apoyar al sector de la cultura, que es "fundamental para la salud mental" de las personas confinadas, afirmó.
Gurry se inquieta también por las numerosas "excepciones" a la propiedad intelectual solicitadas durante la pandemia "sin control de los derechos de autor".
En efecto, los sistemas de propiedad intelectual previstos por la OMPI cuentan con excepciones y limitaciones en el sector de la cultura y la creación, que facilitan el acceso a los libros, publicaciones y otros contenidos creativos en determinadas circunstancias y condiciones.
Durante la pandemia, museos, óperas o casas editoriales han puesto gratuitamente a disposición algunos de sus productos, argumentando la particularidad de la situación, pero Gurry llama a permanecer prudente.
"Para romper un derecho de autor, hay que demostrar que hay una necesidad especial", insistió. Esta gratuidad tiene también el efecto de reducir los ingresos del sector, y por rebote de los profesionales de la cultura.
Y en el caso actual, "no veo necesariamente la evidencia de un problema de acceso a los contenidos", concluyó, destacando por ejemplo que siempre es posible comprar bienes culturales, como libros, en línea.
Era digital
El "Tratado de Pekín sobre las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales", que entró en vigor el martes, adapta a la era digital la protección de los profesionales del sector, enmarcada en la Convención de Roma para la Protección de los Artistas de 1961.
De conformidad con otro tratado de la OMPI, adoptado en 1996 y que se centra en las grabaciones sonoras, el Tratado de Pekín concede derechos morales y económicos, incluso para la explotación en línea, a los artistas audiovisuales.
"En muchos países no hay ninguna protección para los actores. Si se adhieren al tratado, estarán obligados a establecer derechos para los ejecutantes audiovisuales", como los actores de televisión y cine, explicó Gurry.
El tratado confiere a los artistas audiovisuales derechos patrimoniales (valorados en dinero) sobre sus interpretaciones, como el derecho de reproducción (derecho a autorizar la reproducción directa o indirecta de la interpretación) y el derecho de distribución (derecho a autorizar la puesta a disposición del público del original y de las copias de la interpretación).
El tratado prevé también que los artistas gocen de derechos en materia de radiodifusión y comunicación al público de sus interpretaciones.
Gurry destacó que el Tratado "ofrece un marco de protección" para los profesionales del sector, muchos de los cuales pasan de un empleo a otro y viven en condiciones económicas precarias.
AFP
