Lacalle Pou tiene pensada una ley de urgente consideración para los primeros seis meses de lo que sería su administración en caso de ganar las elecciones. El abogado Rodrigo Ferrés está coordinando y redactando el texto. Ferrés es además profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica del Uruguay y director del Centro de Estudios del Partido Nacional.

La ley de urgente consideración puede incluir múltiples temas y, aunque no es un recurso habitual si se compara con otro tipo de leyes, todos los gobiernos la han utilizado. Como ejemplos se pueden mencionar la ley de urgencia del 2001, la creación del Ministerio de Desarrollo Social y la liquidación de Pluna en 2012. 

Además, este tipo de ley establece que el Parlamento debe cumplir con plazos constitucionales para tratar el proyecto o de lo contrario quedará aprobado. Son tres meses máximo, ya que la primera cámara que lo recibe tiene 45 días para tratarlo, la otra tiene 30 y si es necesario hay 15 días más en una tercera instancia de Asamblea General.

También hay dos limitaciones constitucionales claras. Este tipo de ley no puede incluir cuestiones presupuestales o de recursos y no puede ser una que requiera dos tercios o tres quintos de votos del total de cada Cámara. Estas son las leyes que según la Constitución tienen más importancia política.

El contenido

El asesor del Partido Nacional explicó que estas medidas tienen un sentido de urgencia porque las quieren implementar rápidamente para generar reformas que consideran necesarias.

En economía proponen una estructuración de una regla fiscal como disciplina en materia del gasto público y derogan el monopolio de la importación del petróleo y sus derivados. Esta última medida será gradual y necesita medidas complementarias, según Ferrés.

También hay medidas de seguridad pública, desarrollo social y educación. Algunas destacadas de forma explícita en el programa de gobierno. “Nos proponemos incluir en la Ley de Urgente Consideración que presentaremos al iniciar el gobierno un conjunto de modificaciones a la Ley General de Educación N°18.437”, dice.

Entre estas modificaciones está el rediseño de la gobernanza de ANEP, incluyendo en el CODICEN a los directores generales de los consejos desconcentrados, la eliminación de la representación docente en los consejos de ANEP, la eliminación de la exigencia de 10 años de experiencia en la educación pública para integrar órganos de gobierno de ANEP y la eliminación de la obligación de convocar al Congreso Nacional de Educación (que pasaría a ser optativa).

Además, se propone la Creación de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, que según el programa de gobierno, se reordenan servicios ya existentes y se crea un Consejo de Dirección estará integrado por el Prosecretario de Presidencia, el Ministro de Economía y Finanzas, y el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La Inclusión financiera también está incluida en esta ley y se la presenta como una medida de “Libertad financiera”. “Nos proponemos modificar la Ley a los efectos de eliminar la obligatoriedad de efectuar pagos y realizar transacciones a través del sistema de intermediación financiera. Queremos libertad financiera para que la gente pueda elegir cómo quiere administrarse”, dice el programa.

Ferrés reconoció contactos informales con técnicos de otros partidos y dijo que también analizaron sus programas. En ese trabajo encontraron coincidencias en seguridad, también en la necesidad de contar con una regla fiscal y todos estos elementos fueron considerados.