En el plan de gobierno “Plan de todos” de Sartori solo hay una referencia muy vaga a la transparencia del sistema político:
“Impulsaremos un proyecto de ley que garantice conductas de transparencia y buenas prácticas en la vida política”.
No hay un interés de Sartori por el tema. Lo que sí hay es una reacción del precandidato ante los ataques por los millones que gasta. Sartori señaló que él juega “con las reglas de hoy” y agregó que le “preocupa más de dónde viene la financiación de los partidos y de los candidatos”.
Es un buen contraataque. Porque es cierto que Sartori juega con las reglas que le permitan autofinanciarse con el dinero que quiera y, además, sabe que hay mucha opacidad en el origen de los fondos de los demás. Además, aprovecha el vacío legal y dice que se autofinancia sin que nadie pueda saber ni cuestionar si es cierto.
La clave está justamente en las reglas, en la ley vigente de partidos políticos, la 18.485. Esa norma de 2009 no da ninguna garantía de transparencia al tiempo que genera la sensación de que el tema está reglamentado y controlado.
Pero los controles son nulos. Ahora para las internas la ley vigente deja abierta la posibilidad de cualquier tipo de financiamiento. Los candidatos no tienen que presentar ninguna declaración de ingresos. Que se entienda: se pueden autofinanciar o financiar como quieran sin informar nada.
Y eso no es culpa de los outsiders como Edgardo Novick o Sartori. Eso es responsabilidad de los que votaron la ley.
La ley de 2009 sí incluye una obligación de declaración jurada obligatoria para las elecciones nacionales de octubre: los partidos políticos y los candidatos a diferentes órganos electivos están obligados a presentar una rendición donde detallan sus ingresos y el origen de ese dinero.
Pero esa declaración no se controla, es solo un trámite.
Los legisladores le dieron la potestad a la Corte Electoral de recibir la información pero la ataron de manos para investigar. Fue una jugada que los dejaba al mismo tiempo como transparentes e impunes.
José Arocena, el presidente de la Corte, repitió una y otra vez durante todos estos años que no tienen recursos humanos para controlar ni analizar lo que les envían.
Arocena estuvo en No toquen nada en marzo y contó que en la Corte cuando se reciben las rendiciones de los candidatos lo que se hace es “una revisión para ver si no hay ninguna cosa evidentemente disparatada que salga de lo común, o que esté claramente en infracción de las restricciones que marca la ley”.
Eso es lo único que hacen: ver si hay disparates, algo que salta a la vista por grosero. Pero aún si encuentran esos disparates, no pueden ir más allá. Y Arocena nos repitió lo que les dijo a los legisladores: “No hay instrumentos para aplicar la ley a fondo. Se lo hemos dicho al Parlamento varias veces”.
Todos saben esto. Y este de 2019 es el tercer ciclo electoral con estas reglas falsas de transparencia. Unas reglas que disfrazan la opacidad que sigue tan campante.
Como saben de la debilidad de la ley, los abusos son habituales y groseros. Con las declaraciones juradas que los candidatos presentaron en 2014 ante la Corte Electoral se hizo un trabajo por parte de la Universidad Católica, Fesur y Uruguay Transparente. Está colgado on line, se presentó aquí en No toquen nada en diciembre de 2016, cuando Sartori no existía.
Allí, en esa investigación, aparecieron problemas de todo tipo y las más diversas formas de saltarse la norma. Como no se controla ni sanciona, hacen lo que quieren. Un ejemplo nada más es la forma en que utilizan los sectores la posibilidad de declaración de las “donaciones anónimas”. Ningún sector se pasa del 15% que supuestamente es el límite. Sin embargo, hay un alto porcentaje de donaciones anónimas de hecho, que no son declaradas como anónimas. La lista al Senado del MPP estuvo a la cabeza en 2014 de este tipo de donaciones.
Para que quede más claro:
Lo que los candidatos van a presentar como rendición y declaración jurada en octubre es lo que se les ocurre. No hay control ninguno ni posible investigación sobre lo que declaran. Depende de la buena voluntad de los políticos qué es lo que nos cuentan.
Hacen lo que quieren con un simulacro de honestidad burocrática.
En esta legislatura el Senado votó una ley que mejoraba levemente la anterior. Se prohibía aportar a cualquier empresa (persona jurídica) y se pedía una declaración jurada de las elecciones internas.
Además, se limitaba el autofinanciamiento. Sartori, por ejemplo, podría haber puesto solo 48.000 dólares de su bolsillo.
Pero Diputados no obtuvo los votos porque la oposición no acompañó y el Frente Amplio no llegó al voto 50.
Ambos bandos se acusan de la falta de acuerdo. Pero lo que importa son las consecuencias: todos se benefician, gana la opacidad y todos pueden hacer lo quieran.
La idea es “siga el baile”. El presidente de la Jutep, Ricardo Gil, dijo en No toquen nada en octubre que todos amagan pero nadie concreta. “Nadie te dice que no, pero nadie hace nada. Entonces, en el fondo es un ‘no’ encubierto. Es preocupante”.
Este ciclo electoral de 2019 estaba destinado, de nuevo, a dejar este tema oculto, bajo cuerda.
Hasta que apareció el incordio de Sartori y sus millones. Por eso las gracias.
Una aclaración: agradecerle su involuntario aporte a la transparencia no significa que no haya que investigar cómo Sartori gasta los millones en campaña ni la debilidad de sus propuestas.
Pero sus millones obligaron, de pronto, a hablar de un tema que no les interesa discutir a los políticos y que se investiga poco y nada: de dónde sacan la plata.
Es cierto, sin embargo, que la plata de Sartori despertó la discusión pero no el espíritu de transparencia a los políticos. Es más bien una reacción a la plata que pueden poner los outsiders millonarios. Jorge Larrañaga lo dijo claro en No toquen nada. Señaló que lo que habría que limitar es “el autofinanciamiento”.
Pero no van más que eso en su búsqueda de transparencia. Ni siquiera responden quién los financia en las internas.
Se lo preguntamos hace poco a Ernesto Talvi y nos dijo que quizá informaba al final de la campaña. Julio María Sanguinetti, dos veces presidente, nos dijo: “si los demás dicen quién los financia yo también”.
Y tenemos más ejemplos.
A comienzos de año estuvimos dos meses para que los asesores de Daniel Martínez nos dijeran quién había pagado y dónde habían depositado los miles de dólares de una cena de campaña que organizó en Punta del Este. Nos dijeron dónde depositaron pero no quién les donó. Lo mismo nos pasó con una cena de Luis Lacalle en ese balneario: nos dijeron dónde pusieron el dinero, no quién se los dio.
Y es una forma de abordar el tema que comparten. Apuestan por ocultar el origen de los fondos.
Lacalle explicó el otro día su postura: dijo que necesita de los privados para su campaña. Y dijo:
“Aquellos que creen que si una persona colabora económicamente con un político lo va a presionar para que tome medidas a su favor, eso es una falta de respeto para esa persona. Y en mi caso, aquel que se crea que porque alguien colaboró conmigo yo voy a ser funcional a sus intereses, es faltarme el respeto a mí”.
Lo de Lacalle es soprendente. No solo defiende la opacidad, se ofende ante el pedido de transparencia.
El problema no es que le donen, es que nos cuente quién le dona. Si son todos honestos, políticos y empresarios, ¿cuál es el problema de transparentar?
Pero Lacalle dice que la exigencia de transparencia despierta dudas sobre su honestidad y dice entonces que los gobernantes pueden recibir plata de quien sea, con total opacidad. De ser así, los ciudadanos deberían confiar que todos las personas y empresarios que donan no tienen más intereses que el bien común. Es un viaje sin escala al mundo de los ositos cariñosos.
Y este discurso de poco apego a la transparencia es el común denominador. Cuando entrevistamos el año pasado al presidente del Frente Amplio Javier Miranda le preguntamos por lo poco que había hecho por la transparencia el Frente Amplio en 15 años. La respuesta de Miranda es para encuadrar: “En la interna no hubo oposición, tampoco he visto demasiado entusiasmo. Lo que quiero es provocarlo”.
No pudo provocar el entusiasmo. Y eso que el tema es sencillo de explicar. Es solamente decir quién les dona y darle las herramientas a un organismo como la Corte Electoral, u otro, para que investigue y nos digan si es cierto lo que declaran.
Además, después, si llegaran alguna vez a ser transparentes, deberían decir si esas mismas personas o empresas se reúnen con ellos cuando están en cargos electivos.
Eso es transparentar. Después los ciudadanos deciden si les creen. El tema está estancado donde más les rinde a los políticos: en la opacidad con apariencia de transparencia. Queda claro que los avances normativos y discursivos han sido escasos e insuficientes en estos años. Pero ahora al menos, en esta campaña, se debate un poco el tema. Y eso es gracias a los millones de Sartori.
Por eso hay que agradecerle que nos puso a todos ante un tema que abordamos poco y mal. Fue sin querer, pero bienvenido sea.
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