El actual vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública estuvo el 5 de noviembre en la comisión parlamentaria que investiga el financiamiento de los partidos políticos. Lo citó el diputado denunciante, Adrián Peña, para saber por qué en 2013, cuando era fiscal de gobierno, opinó que Casal no le debía a Impositiva 10 millones de dólares, en contra de lo que sostenían la DGI y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En su intervención inicial Borrelli hizo omisiones groseras: no dijo que el caso pasó por la Justicia Civil y citó varios informes jurídicos sin decir que todos eran de especialistas contratados por Casal.
Graciela Bianchi y Alejo Umpiérrez, dos diputados del Partido Nacional, se dieron cuenta de algunos de los olvidos claves. Las preguntas de ambos dejaron en evidencia que Borrelli obvió datos claves con un desparpajo insólito.
Bianchi le dijo que la Justicia Civil había fallado a favor de la DGI en dos instancias, una jueza primero y luego un Tribunal de Apelaciones de tres jueces.
Borrelli respondió con un ataque al Poder Judicial.
Cito este párrafo textual para que vean cómo contestó:
(...) lo que habla usted del juzgado de primera y segunda instancia que habían confirmado el embargo, yo también fui juez y también, cuando venía algo de la Impositiva o venía algo, por lo general uno pensaba que estaba todo correcto, ¿verdad? (...) Yo no puedo juzgar al juez ni lo conozco ni sé quién es el que mantuvo el embargo. Así le va también al Poder Judicial”.
Así le va al Poder Judicial, dijo.
Borrelli, un integrante de la directiva de la Jutep, el máximo órgano anticorrupción del país, se plantó ante los diputados para decirles que la Justicia Civil falla con el criterio de la DGI, que cuando venía algo de impositiva uno pensaba que estaba todo correcto, que no analizan el caso.
Pero Borrelli aún no había explicado cómo él había llegado a un mejor fallo que la Justicia. Entonces, el diputado Alejo Umpiérrez le preguntó por los informes técnicos en los que basó su dictamen.
Vuelvo a la Versión Taquigráfica para leer textual.
Alejo Umpiérrez dijo:
Todos los informes que usted cita en su vista fiscal son informes presentados por el grupo Casal, es decir de Addy Mazz, del contador López, de Borba, son informes presentados por el grupo Casal.
Borrelli contestó:
Algunos sí, y otros por el doctor Albacete de Guyer & Regules.
El único informe técnico que Borrelli dice que no fue pago por Casal es el de Guyer y Regules. Pero ese informe no decía que Casal no debía dinero a la DGI, decía que no defraudó. El propio Borrelli contó en la Comisión que el informe de Guyer y Regules fue elaborado para saber “si hubo defraudación y prescripción de la deuda”. Y aclaró que ese informe no opinaba sobre si el empresario debía.
El exministro de Economía Mario Bergara contó en el Parlamento, el 12 febrero de 2014, que Toma, actual secretario de Tabaré Vázquez, había definido que Casal no había defraudado pero sí que debía los impuestos.
Podemos resumir el trabajo de Borrelli en el caso según su propia declaración. Falló según los informes de algunos abogados tributaristas que contrató Casal, ignoró el fallo de cuatro jueces de la Justicia Civil y tampoco tomó en cuenta el único informe que decía que sí debía. Además, dijo que no se asesoró con nadie. Fue un dictamen en solitario, como contó Bergara en el parlamento.
La conclusión, a un lustro de los hechos, es que Mujica condonó una deuda de Casal en contra de la opinión del MEF, de la DGI y de cuatro jueces de la Justicia Civil. Y que contó como único dictamen a favor el de Borrelli, que se basó en especialistas pagos por Casal.
Fue un caso histórico: el primero en la historia del país en donde Presidencia se abocó, la primera vez que le quitó una resolución de la DGI al MEF.
La declaración/confesión de Borrelli de lo que hizo como fiscal de gobierno, pasó casi desapercibida en el ambiente político. Lo mismo que pasa desde que se canceló el caso.
En estos cinco años apenas se alzó alguna voz para hablar de este tema.
Y la única decisión con respecto a Borrelli fue el regalo de un cargo técnico en un área que no domina.
Tabaré Vázquez lo premió por pasarse desde filas coloradas al Frente Amplio y decidió que sea uno de los directores de la Junta de Transparencia, el órgano anticorrupción más importante del país.
Así le va al Poder judicial, dijo Borrelli en el Parlamento.
Con esa misma fórmula se podría decir: así le va a la transparencia política en país.
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