Una vez Colombia eligió a su nuevo presidente se vivió el primer golpe a la implementación del Acuerdo. Al siguiente día de la pasada contienda electoral el Senado decidió aplazar la discusión sobre la reglamentación que le daría peso jurídico a la Justicia Especial para la Paz (JEP), modelo de justicia transicional creado en el marco de dicho Acuerdo -finalmente refrendado por la corte constitucional, cuando la población colombiana en plebiscito votó en contra de la firma de la paz con las FARC-. Esta Jurisdicción Especial tiene el fin de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar, de manera especial, las violaciones a Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario durante el conflicto armado. Bajo ese entendido, la JEP tendría el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, convirtiéndose de ese modo, en un elemento fundamental para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición para quienes sufrieron los embates del conflicto armado. No obstante, actualmente está en la cuerda floja y la referida dilación del Senado no fue sino la primera señal que pone en evidencia el preludio de días sombríos que se avecinan para el país en materia de Paz.
El nuevo presidente de los colombianos es un político novato, con una muy corta experiencia legislativa en el país, quien hasta hace algunos meses era absolutamente desconocido y surgió como figura prominente en el momento en que se transformó en el nuevo pupilo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como en las elecciones presidenciales de 2014, Uribe escogió al candidato de su partido, Centro Democrático, para tratar de irrumpir directamente en el destino político de Colombia, frente al que se ha mantenido alerta después de su último año de gobierno en 2010 y esencialmente una vez iniciado el proceso de paz en 2012 bajo el gobierno de Santos. Este, traicionándolo, buscó romper con la política de Seguridad Democrática de Uribe que condujo a los colombianos hacia un intenso periodo de confrontación armada. A pesar de ello y de que hoy Álvaro Uribe tiene alrededor de doscientas investigaciones en curso en la Corte Suprema y la Fiscalía colombiana por su participación en la formación de grupos paramilitares, obstrucción a la justicia, entre otros, el exmandatario consiguió poner nuevo presidente en la Casa de Nariño para retomar, tras bambalinas, su política de guerra y el despliegue de sus medidas neoliberales en Colombia. Iván Duque es, sin duda alguna, el as bajo la manga de Uribe, con el que buscará ejecutar proyectos pendientes de sus administraciones pasadas y destruir otros como el Proceso de Paz.
El presidente electo cuenta con la mayor bancada en el Senado de la República, con la que se propone hacer zancadilla al Acuerdo de Paz, como quedó comprobado este 27 de junio. Después de las presiones por parte del presidente Juan Manuel Santos para que la plenaria del Senado aprobara la ley de reglamentación o de procedimiento que da peso a la JEP para trabajar con plenas facultades, el sector del Uribismo reunido en el Centro Democrático planteó modificaciones a la Justicia Especial que afectan seriamente lo concertado en el Acuerdo firmado en La Habana. Las exigencias del partido político de Uribe y Duque comprenden una serie de cambios que desconocen lo que se determinó entre el gobierno y las FARC, entre los que destacan que los militares que fueron victimarios en el conflicto tengan un juzgamiento diferencial respecto de los combatientes de la desmovilizada guerrilla ¿Por qué? Porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez, vinculado con crímenes de lesa humanidad, está intentando mantenerse en impunidad evitando que los miembros de la fuerza pública sean sometidos a la JEP y revelen información que termine de comprobar su participación en los “falsos positivos” ejecutados por militares bajo su beneplácito y en masacres como la de El Aro, en el departamento de Antioquia, perpetrada por paramilitares, también con su consentimiento. En suma, procurar inmunidad a los responsables políticos ligados a crímenes de Estado. Mientras tanto, esos más de 2.000 militares permanecerían en un limbo jurídico y a disposición de la Corte Penal Internacional, sin que las víctimas puedan tener derecho a la verdad, aspecto fundamental para la reconciliación en el pos conflicto. Sumado a esas cuestiones relacionadas a la Justicia Especial para la Paz, el Centro Democrático está pidiendo que se niegue la posibilidad de que los excombatientes accedan finalmente a las curules que les fueron asignadas en Senado y Cámara, con lo que el Acuerdo intenta remediar una de las problemáticas que dio origen al conflicto en Colombia: la falta de participación política de fuerzas alternativas. Uribe, titiritero de Iván Duque, no se detendrá hasta convertir el proceso de Paz en simple recuerdo.
Por todo lo anterior, al ascenso de Iván Duque a la presidencia es el segundo gran logro de Álvaro Uribe después de su primer triunfo en la campaña del NO en el plebiscito por la paz en 2016, para la que trabajó intensamente haciendo que buena parte de los colombianos percibieran el Acuerdo de Paz como sinónimo de impunidad a la guerrilla, como amenaza del “castro-chavismo”, del comunismo y como peligro para la moral del país. Toda una estrategia de miedo que se conjugó con la escasa pedagogía para la Paz por parte del gobierno Santos y el trabajo ideológico de las Iglesias pentecostales. Bajo esa lógica, el plebiscito, contemporáneo del Brexit, fue una derrota a la democracia, que preparó el terreno para los pasados comicios electorales, pues estas elecciones presidenciales se configuraron como una réplica de las tensiones que se originaron durante los días previos a la refrendación popular del Proceso de Paz. Sin duda alguna, el plebiscito fue el laboratorio social en donde se fraguó el devenir de las elecciones presidenciales del pasado 17 de junio y en el que Uribe se catapultó como el gran verdugo del Acuerdo.
Gustavo Petro, el candidato por la Colombia Humana, movimiento que aglutina hoy por hoy a buena parte de la izquierda colombiana, durante su campaña presidencial en la que se enfrentó a Iván Duque en la segunda vuelta, siendo uno de los más acérrimos críticos de Álvaro Uribe, fue el gran defensor del Acuerdo de Paz. Reconoció en él un logro considerable en la Historia de Colombia y una condición sine qua non para producir una verdadera transformación de la realidad nacional, en tanto aquel pretende directamente modificar las condiciones sociales y políticas que condujeron a la existencia del conflicto social y armado, como el problema agrario y la participación política, único modo de llegar al logro de una paz estable y duradera.
Desde esa perspectiva, Petro, al igual que el Acuerdo de Paz, fue presentado a la sociedad colombiana, por parte del Uribismo y los sectores más recalcitrantes, como la imagen del comunismo y del proyecto político de Nicolás Maduro en Colombia; artilugio con el que el Centro Democrático no solo derrotó a la Paz en el plebiscito, sino además aseguró la presidencia de Colombia por medio de una continua macartización y reprobación pública de la propuesta de Gustavo Petro. Una parte de la población colombiana, anacrónica, anclada en el discurso de la Guerra Fría, condenó por “comunista” el Acuerdo de Paz, primero, para luego demonizar la propuesta política de la Colombia Humana, fundamentada en el ideal de Paz con Justicia Social para la edificación de una sociedad incluyente, con equitativa distribución de la riqueza, con desarrollo sostenible, con afianzamiento de la agricultura y con implementación de energías renovables, llamándola populista, chavista e inviable. Mayúscula campaña de miedo al mejor estilo de Goebbels, que con la ayuda del famoso publicista venezolano J.J Rendón, le dijo a los colombianos que Petro, al igual que el Acuerdo, condenaría al país a la dictadura de las desmovilizadas FARC y a una severa crisis política y económica comparable con la de Venezuela. Después de casi dos años de la firma del Acuerdo, seguimos esperando comprobar la hipótesis de la toma del poder por parte de la desmovilizada guerrilla...
De ese modo, Iván Duque, muñeco de Uribe, ganó la presidencia con diez millones de votos frente a los ocho millones obtenidos por Gustavo Petro, resultado que en términos de su distribución territorial están muy aparejados con los que se obtuvieron en el Plebiscito por la Paz. Las regiones más golpeadas por el conflicto armado que dijeron sí al Acuerdo firmado en La Habana, fueron las mismas regiones en las que se obtuvo la mayor votación para la propuesta de Petro. En efecto, el sufrimiento de una guerra intestina y la ausencia del Estado en esas zonas fueron móviles para que allí ganara el Sí y el candidato de la Colombia Humana. Por otro lado, los departamentos que castigaron el Acuerdo de Paz, corresponden a los mismos territorios en donde Duque alcanzó buena parte de sus votos. Allí donde Uribe hizo campaña en contra de la Paz, fue en donde estrepitosamente ganó Iván Duque. La población de esas regiones está condenando al país a la guerra. Así las cosas, el proceso vivido en torno a la refrendación popular del Acuerdo fue el caldo de cultivo de las tensiones y posturas ideológicas que se replicaron en las pasadas elecciones; unas elecciones en las que, irracionalmente, el tema de la Paz fue el más sensible y coyuntural.
Inverosímil, pues, que este asunto sea caballito de batalla de una plataforma de gobierno que, para proteger a Uribe y a sus secuaces de ser juzgados por sus crímenes, busca deformar el Acuerdo hasta hacerlo trizas. Lo cierto es que, con el retorno de Uribe en cuerpo de Duque, más temprano que tarde ese documento que cerró el enfrentamiento entre el Estado colombiano y las FARC quedará archivado y pasará a la Historia como la posibilidad más grande que tuvo la población colombiana para dar por terminado un largo capítulo de oscuridad, horror e injusticia. La paz es un derecho que trasciende cualquier programa de gobierno. La Paz en Colombia y su materialización en el Acuerdo está en enorme riesgo, languidece y puede desvanecerse condenando al país a un nuevo conflicto con nuevos matices. América Latina debe ser consciente de la pérdida y el retroceso que eso significa para la región.
Ivonne Calderón
Historiadora y Magister en historia por la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Candidata a Doctora en Historia por la Universidad de la República. Ha sido docente universitaria en Colombia, sus investigaciones concentran en la Historia de los Medios por un lado, y Religión, Política y Sociedad, por otro. En la actualidad es becaria de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de Uruguay, beca en el marco de la cual lleva a cabo su estudio doctoral sobre la Propaganda Cultural y Propaganda de Guerra de EEUU en la radio uruguaya durante la Segunda Guerra Mundial. Es miembro del Colectivo de Estudios sobre Latinoamérica y el Caribe (CESALC) del Departamento de Historia americana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y del grupo de Medios, Cultura y Política de la Facultad de Información y comunicación.
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