El próximo 27 de junio entrará en vigor la segunda etapa de esta normativa que obligó a colocar etiquetas en los alimentos advirtiendo de los altos contenidos en grasas, calorías y sodio.
Con las nuevas regulaciones, se reducirán los niveles máximos permitidos de calorías, sodio, azúcar y grasas saturadas, incluyendo nuevos alimentos como algunos tipos de yogures o gaseosas reducidas en azúcar.
Asimismo, los productos etiquetados contendrán una leyenda que sugerirá al consumidor preferir alimentos con menos sellos.
"El azúcar está matando más que las guerras, que el terrorismo, que los crímenes y es el principal problema de salud pública" de Chile, dijo el senador Guido Girardi a la AFP, uno de los impulsores de la normativa, considerada como una de las más restrictivas a nivel global.
Los sellos de color negro, similar a un disco pare del tránsito, "propician el derecho a saber. Hasta un niño de seis años puede saber que un alimento tiene sal, es alto en grasa, azúcar y que ni siquiera son alimentos sino basura", agregó el político, promotor de una iniciativa con la que Chile intenta frenar sus indicadores de obesidad, sobre todo infantil, que afecta al 7% de los menores de cinco años.
Con la ley de etiquetado, la comida chatarra ha quedado prohibida en los colegios, así como la publicidad de alimentos poco saludables dirigida a menores de 14 años, sentenciando a muerte a productos como el famoso Kinder-sorpresa, al impedir que se utilicen como gancho publicitario juguetes en alimentos con sellos.
También hizo cambiar la fórmula de la famosa Cajita feliz. Para adecuarse a la normativa, las hamburguesas ahora en Chile son más pequeñas, al igual que la porción de papas fritas. Como postre solo se entregan compotas de frutas y las bebidas son todas bajas en azúcar.
Ni el tigre de uno de los cereales más famosos del mundo pudo escapar a la normativa y desapareció de las cajas. En la celebración de pascua, corrieron la misma suerte los conejos que adornan los chocolates.
La batalla de las autoridades ha alcanzado al más de medio millón de estudiantes beneficiarios de las becas de alimentación. Desde el pasado 11 de mayo, sólo pueden comer en los restaurantes aprobados nutricionalmente por la entidad que concede dichas becas, de los que están excluidos frituras, bebidas azucaradas, aderezos, azúcar y grasa.
Para Zohra Abaakouk, experta de la Organización Panamericana de la Salud, la legislación chilena es "vanguardista" y tiene como gran reto "contener la epidemia de obesidad y que la curva no siga disparándose", en un país que ocupa los primeros puestos de la región en sobrepeso y obesidad, y que afecta a más del 60% de la población adulta.
Juego de ajedrez
La normativa supuso también un reto para la industria alimentaria, que comenzó a sentir la presión social para producir alimentos más saludables.
Muchas empresas, según Girardi, modificaron la fórmula de sus lácteos y refrescos para escapar a los sellos pero "hay otras industrias que son inmorales y que lo que quieren es seguir vendiendo basura a los niños y haciendo publicidad engañosa violando los derechos humanos".
Según el Ministerio de Salud de Chile, desde la entrada en vigor en 2016, la norma se ha cumplido en el 75,2%, en particular en los últimos meses cuando se detectó "una clara tendencia al aumento del cumplimiento".
Los consumidores también han reaccionado positivamente. Según una encuesta encargada por el ministerio de Salud a la firma Cliodinámica, de diciembre de 2017 más del 90% de los consultados declaró entender la información de los sellos y un 48,1% afirmó comparar la presencia de las advertencias a la hora de comprar. De ellos, un 79,1% indicó que esa práctica influyó en su compra.
Modelo regional
La OPS confirmó a la AFP que varios países están observando el proceso chileno para introducir la normativa en sus legislaciones.
"Lo valoramos como una experiencia muy buena que responde al desafío de reducir las tasas de obesidad", dice Abaakouk.
Perú trabaja para poner en marcha una regulación similar a la de su vecino, mientras existe un mecanismo de cooperación entre Chile y la Comunidad del Caribe y Uruguay. Brasil y Canadá también elaboran leyes que incluirán etiquetado advirtiendo de la presencia de componentes nocivos para la salud de la población.
