Juan Pedro Damiani, cuando era presidente de Peñarol, denunció en el Juzgado Especializado del Crimen Organizado a Eugenio Figueredo y a otros dirigentes de la Conmebol. Fue en 2013, una denuncia por estafa y lavado de activos en la que acusaban a Figueredo, por ese entonces presidente de la Conmebol, de haber aceptado dinero a cambio de renovar los contratos de TV de los torneos sudamericanos de fútbol e impedir a los clubes de obtener mayores beneficios. En paralelo, a través de su estudio, Damiani proveía a Figueredo de sociedades anónimas por las que el dirigente canalizaba el dinero y participaba de proyectos inmobiliarios.
La denuncia que hicieron los clubes fue impulsada por el empresario Francisco Casal, que quería obtener esos derechos de TV y que decía que no lo aceptaban aunque ofrecía más dinero. La participación del empresario en la denuncia contra Figueredo fue reconocida por el fiscal del caso y por el abogado Víctor Della Valle, cuyo estudio patrocinó la denuncia. Incluso Casal fue citado a declarar como testigo en la causa. También fueron denunciados los dueños de la empresa Full Play, Hugo y Mariano Jinkis, que dos años antes le habían quitado a Casal los derechos de los partidos de la selección uruguaya. Los empresarios argentinos nunca vinieron a declarar ante la justicia uruguaya y la acusación no avanzó del presumario. Tiempo después también fueron acusados del pago de coimas por Estados Unidos y tampoco fueron a declarar.
Dos años después de esta denuncia, la justicia le dio la razón a Damiani y a los clubes. El 24 de diciembre de 2015, Figueredo fue procesado por estafa y lavado de activos en Uruguay.
Pero para entender cómo se llegó a esto es necesario recordar que en mayo de 2015 sucedió algo que no estaba en los planes de nadie. Figueredo fue detenido junto a otros dirigentes del fútbol en Suiza, en el marco de la investigación del FifaGate, y luego fue extraditado a Uruguay por su propia iniciativa. Para conseguirlo, el expresidente de la AUF reconoció que eran ciertos los delitos que se le imputaron en 2013 y firmó un acuerdo con la fiscalía uruguaya en el que se comprometía a colaborar con la investigación.
En esa acusación de Estados Unidos quedaron implicados decenas de dirigentes y empresarios de la televisión. Pero Figueredo evitó ir a Estados Unidos mediante este acuerdo. Un día antes de que se cumpla la extradición y llegue a Uruguay, el fiscal del caso Juan Gómez cuestionó en No Toquen Nada a los que decían que la justicia uruguaya era más “blanda” que la de Estados Unidos. “Es diferente y a tal punto que las personas que fueron extraditadas por este tema pagaron una fianza y están en sus domicilios, cosa que no avizoro pueda ocurrir en el sistema procesal uruguayo. Entonces, las cosas dichas completas y que la gente saque sus conclusiones”, se preguntó.
Pasaron casi tres años de aquellas palabras de Gómez. Figueredo estuvo cuatro meses preso y después se le otorgó la prisión domiciliaria por razones médicas, por una intervención quirúrgica que debieron practicarle, y a partir de ahí no volvió más a la cárcel. En diciembre del año pasado recibió la libertad provisional y cuando tenga su condena –el fiscal pidió seis años de pena– la cumpliría en libertad condicional.
En el marco de su acuerdo de colaboración, Figueredo entregó bienes que la fiscalía estimaba en un valor cercano a los 10 millones de dólares, en 2015. Esos bienes todavía no fueron rematados y el Estado uruguayo no sabe cuánto recibirá por esto.
Hace unos días, el fiscal Luis Pacheco archivó la investigación por asistencia al lavado de Damiani, el arquitecto Daniel Weiss, socio de Figueredo, y sus escribanos. Todos terminaron implicados por la documentación recabada en la causa y por las declaraciones del ex presidente de Conmebol ante la justicia uruguaya. En su colaboración, Figueredo debió explicar cómo se canalizaba el dinero que recibía como parte de los pagos. “Creo que era una combinación entre el estudio contable de Damiani, la empresa Weiss y el escribano Améndola. Yo lo voy a averiguar. No sé quién armaba la ingeniería de los pagos”, declaró.
Ninguno fue encontrado culpable. Fuentes judiciales que participaron de la investigación dijeron a 180 que el delito de asistencia al lavado es difícil de probar y que los indagados, en este caso, tenían margen para argumentar que no conocían el origen del dinero de Figueredo. Sobre todo en los últimos años, que el dirigente podía justificar sus ingresos por los cargos que tenía en el fútbol.
Lo más difícil de comprender es cómo Damiani no conocía el origen del dinero si lo denunció en 2013 y por esa denuncia Figueredo terminó procesado. Cómo su estudio, en ese momento, no terminó el vínculo que tenía desde hacía décadas con Figueredo. El fiscal Pacheco sostuvo en su pedido de archivo que el ex presidente de Peñarol, cuando lo denunció, no tenía idea de la dimensión del asunto y que recién se dio cuenta cuando Figueredo fue detenido por Estados Unidos en Suiza. Ahí sí Damiani reportó las operaciones sospechosas de su cliente y dejó de trabajar con él.
Incluso, algunos operadores de la Justicia creen que Figueredo tenía margen para pelear su caso y argumentar que muchos de sus bienes se habían comprado con plata lícita, de sus ingresos que provenían de la FIFA y la Conmebol. Tal vez ésta es una pista para entender por qué Figueredo no quería ir a Estados Unidos y prefirió aceptar su culpabilidad en Uruguay sin chistar. Buscaba un final diferente al que imaginaba cuando estaba detenido en una cárcel de Suiza y le confesó a una persona de su entorno cercano que pensaba que iba a morir en la cárcel.
El otro aporte de Figueredo en la causa fue culpar al ex presidente de la AUF, Sebastián Bauzá, de haber aceptado dinero de coimas. Dijo que le dio dos pagos de 200.000 dólares en la mano. “Él no quería figurar y me pidió a mí que le gestionara el dinero. Yo le pregunté si su señora estaba al tanto y me dijo que no. Yo se lo entregué en efectivo. Bauzá me dijo que pensaba invertirlo en una casa en Punta del Diablo”, declaró.
Bauzá fue el único presidente de la Conmebol que no acusó Estados Unidos. En cambio, Uruguay lo investigó por esta acusación de Figueredo y no encontró nada.En la última semana Globo Esporte difundió audios de conversaciones entre José Hawilla, ex dueño de Traffic, y varios dirigentes y empresarios.
En uno de ellos, Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, explicaba que tenían que darle dinero a todos los presidentes, menos a uno porque era “honesto” y además acababan de expulsarlo de su asociación. Ese presidente era Bauzá, que había renunciado en medio de la pelea con Casal, que buscaba retener los derechos de los partidos de la selección uruguaya. Esos que finalmente perdió durante la gestión de Bauzá, algo que en tiempos de Figueredo no hubiera pasado.
En el libro Figueredo, a la sombra del poder, el ex ministro de Deporte, Héctor Lescano, que a esa altura ya no estaba al frente del ministerio, reconoció la influencia del gobierno de José Mujica en la salida de Bauzá. “Fue un gran error en el que lamentablemente no puedo ocultar que hubo responsabilidad de carácter político, lo digo esto con dolor y con sentido crítico y autocrítico”, afirmó.
Este mes se cumplieron tres años de la detención de los dirigentes de la Conmebol y la FIFA en Suiza. El final del capítulo que le corresponde a Figueredo está cerca y Uruguay tuvo un rol decisivo. Como dijo Gómez, las cosas dichas completas y que cada uno saque sus conclusiones.
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