* La brutalidad con la que vienen siendo acallados militantes y líderes comunitarios en Brasil. Es el país que mata más activistas en el mundo (una en cada seis muertes de este tipo suceden allí, según la organización Business & Human Rights Resource Center, referencia en el tema; hubo 49 ataques a militantes en Brasil en 2017, contra 44 en México, 39 en Perú y 38 en Colombia);
* La violencia reiterada y explícita hacia las poblaciones periféricas del país, mayormente pobres y negras;
* La negligencia del poder público con los derechos humanos. No sólo viene fallando en la promoción directa de estos derechos en territorios vulnerables (la “pacificación” no existe, entre otros aspectos, porque no se construyeron estructuras sociales -de educación y deporte, por ejemplo- indisociables de cualquier proyecto que en serio tenga como objetivo quitar poder al narcotráfico). También falló en vigilar los que tienen la obligación de controlar –y combatir- relaciones de poder desiguales que todos los días victimizan esta población (por cuenta de la acción de policías, Ejército, narcotráfico, milicias).
La naturalización del crimen
En las horas inmediatamente posteriores al asesinato de Marielle, el miércoles de noche, surgieron en las redes sociales (y siguen diseminándose) informaciones falsas sobre la edila (que se casó con un jefe narco y que fue electa por el narcotráfico, por ejemplo, dos mentiras ya hartamente demostradas como tales).
También aparecieron, básicamente, tres líneas de razonamiento que relativizan su asesinato - y que comprueban el ambiente enrarecido, de arbitrariedades naturalizadas, que hace tiempos domina Brasil y que va, aparentemente, tomando la delantera en el día a día del país.
Uno es que se mueren decenas de personas por día en Río, “padres de familia y niños”, sin que haya la misma conmoción. Otro: que Marielle “defendía criminales” y que terminó siendo muerta por ellos. El último (expresado nada menos que por el presidente Michel Temer, en un ejercicio retórico hipócrita): que la muerte de la activista (que criticaba duramente la intervención) deja clara, justamente, la necesidad de las medidas de fuerza en Río.
Sí, se mueren decenas de Marielles en Brasil todos los días. De cada 100 personas asesinadas en el país, 71 son negras. Los datos son del Mapa de la Violencia del año pasado, documento realizado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada y el Foro Brasileño de Seguridad Pública (http://www.ipea.gov.br/portal/images/170602_atlas_da_violencia_2017.pdf).
Pero lo que causa conmoción es exactamente la banalización de estos asesinatos, y el hecho de que Marielle probablemente se murió porque denunciaba el origen de buena parte de ellos: los “batallones de la muerte” que ejecutan jóvenes negros de la favela, “padres de familias de bien” (como se dice en las redes y como si esto fuera una antítesis de lo otro) y policías. Sí, la edila también abogaba por policías muertos en la “guerra al narcotráfico” y trabajó en apoyo a sus familias.
La principal bandera de Marielle era devolver a Río un orden institucional que efectivamente funcionara en la prevención, control y punición del delito. Todos ellos, los cometidos por el narcotráfico, las milicias y la corrupta policía carioca.
Es difícil decir que, si no hubiera intervención, Marielle no estaría muerta.
Pero queda claro, esto sí, que la intervención (publicitada como garantía de “paz” a los pobladores de Río) no impidió que una figura pública fuera ejecutada en pleno centro carioca a las 10 de la noche y mientras la gente lo observaba, tomando cerveza en un bar (de hecho hay testigos que cuentan que, minutos después del asesinato, un policía entró a un boliche buscando tiza para enmarcar la escena del crimen).
La intervención en curso en Río viene generando lo que ya fue demostrado en donde hubo medidas semejantes: la violencia y las muertes aumentaron. Según un estudio de la plataforma Fogo Cruzado (Fuego Cruzado, que monitorea tiroteos en la ciudad), hubo 149 asesinatos por balaceras en los últimos 30 días, en comparación con 126 entre el 15 de enero y el 16 de febrero. También se murieron más agentes de seguridad: 133, en comparación con 106 del periodo anterior.
Aún es temprano para comparaciones en profundidad. Pero los primeros resultados no son para nada sorprendentes. Estudios sobre la militarización como estrategia de seguridad pública, y en donde se analizaron casos como los de México y Colombia, muestran que, bajo amenaza, el narcotráfico se reorganiza, migra, amplía territorios y responde con más crueldad en su territorio geográfico de origen, que conoce mejor que los representantes del Estado.
La intervención, tal como están diseñada, es amateur, inmediatista y electorera.
Las balas que mataron a Marielle vienen de la policía brasileña. Si la munición fue robada o no, y por, y para quiénes, está por verse e informarse, quizás algún día. Lo que ya se sabe es que el dinero público terminó por patrocinar la muerte de una mujer electa por la gente común para defender a la ciudadanía.
La muerte de Marielle es un intento de acribillar esta lucha. De acallar voces que denuncien con hechos, nombres y apellidos la criminalidad institucional de Río.
Más importante que llegar a descubrir quién apretó el gatillo contra Marielle es saber quién ordenó su muerte. Lamentablemente, el estado de cosas en Brasil no permite tener demasiadas esperanzas de que esto suceda.
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