El artículo cuarto de la ley dice que “se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u omisión, en el ámbito público o el privado que, sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. Quedan comprendidas tanto las conductas perpetradas por el Estado o por sus agentes, como por instituciones privadas o por particulares”.
Una de las principales críticas que tiene esta ley es el aumento de penas. El diputado colorado Ope Pasquet dijo no protege contra la violencia doméstica a todas las personas y sesga la protección.
“En materia penal y procesal penal lo que dice este proyecto de ley es que deja de regir para estas situaciones el viejo principio de Derecho Penal liberal que dice 'in dubio pro reo', que en caso de duda se debe beneficiar al imputado. ¿Por qué? Porque se parte de la base de la presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ese viejo principio va a dejar de regir en las situaciones comprendidas por esta ley. Para esto va a regir el principio in dubio pro mujer. Me parece que es un quebrantamiento de un principio básico”, afirmó.
La diputada del Partido Nacional, Elisabeth Arrieta lamentó los votos en contra y justificó su voto más allá del aumento de penas.
“Seguramente habrá mucho para mejorar, ninguna ley es perfecta. Pero sí esta ley apunta no solo a la condena y a la pena de quienes cometen actos de violencia contra las mujeres, sino que es una ley integral que apunta y se sostiene fundamentalmente en buscar la prevención, la educación. Eso nos parece fundamental”, señaló.
Óscar De los Santos dijo que la ley no resuelve el problema, los aborda y crea conflictos porque es parte de un cambio cultural. “Los cambios culturales son dolorosos, complejos y exponen a los actores sociales a esas tensiones”, afirmó.
