Saint-Hélier, la capital de la isla, se asemeja más a un tranquilo pueblo que a un centro financiero internacional. Aquí no hay grandes edificios de vidrio, sino inmuebles de tres o cuatro pisos con fachadas blancas. Con su puerto de embarcaciones de recreo, tiendas de moda y mercado de pescado, ofrece todas las ventajas de una ciudad balneario.
Sin embargo, muchas son las instituciones financieras internacionales que se implantaron en estas tierras, aún mayoritariamente agrícolas: de BNP Paribas a JP Morgan, pasando por Deutsche Bank, Crédit Suisse, Bank of India o Royal Bank of Canada.
Se codean con bufetes de abogados especializados en finanzas extraterritoriales, como Appleby, que ocupa un edificio de grandes ventanas a solo unos metros de la costa.
Este bufete está en el centro de los papeles del paraíso, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Según esta investigación, fue el encargado de aconsejar a la firma estadounidense Apple que se instalara en Jersey, donde la tasa impositiva a las empresas es del 0%, tras haberse beneficiado durante años de un régimen fiscal muy beneficioso en Irlanda.
"Nada malo"
Estas prácticas de optimización financiera no parecen perturbar al pequeño paraíso fiscal, una dependencia de la Corona Británica pero que no forma parte de Reino Unido y que está administrado por una asamblea local.
Solo el hecho de que se ensucie la reputación de la isla preocupa a algunos habitantes.
"Lo que me preocupa es sobre todo la percepción que tendrá la gente de Jersey a cientos de kilómetros", dice a la AFP Hugh Raymond, dirigente de la policía honorífica de la isla.
"Nos presentan como si hubiéramos hecho algo malo. Pero no hemos hecho nada malo, se lo aseguro".
La investigación de la ICIJ no pretende revelar estructuras jurídicas ilegales, sino mostrar las estrategias empleadas por algunas multinacionales para sortear las reglamentaciones.
Respecto a la cuestión de la optimización fiscal, Raymond se muestra mucho menos locuaz. "Nuestra economía se basa en las finanzas. Competimos [con otros países]. En consecuencia, podemos molestar a algunas personas", se limita a admitir.
"Les va a costar que la gente hable", advierte.
Efectivamente, muchos habitantes se niegan a abordar el tema. Los que se atreven a decir algunas palabras es para recordar la legalidad de la optimización fiscal, evitando desvelar su identidad.
El propio grupo Apple se muestra discreto. Excepto por una tienda de venta de sus productos tecnológicos, la marca de la manzana no aparece entre las sociedades registradas en Jersey.
"No lo encontrarán", anticipa, bajo condición de anonimato, una trabajadora del sector de servicios financieros.
"Si vinieron a Jersey no es para que se los encuentre fácilmente", explica, considerando que Apple Sales International y Apple Operations Europe, las dos entidades del grupo estadounidense que dejaron la residencia fiscal irlandesa en 2014, según el ICIJ, fueron registradas en la isla con nuevos nombres.
El peso de las finanzas
El gobierno de la isla, por su parte, adoptó una posición de compromiso, al anunciar que castigaría duramente a las empresas que no se sometan a un código de buena conducta... Pero ese código lo definen las propias empresas que deben respetarlo...
Una forma de responder al escándalo sin condenar las finanzas, tan apreciadas en Jersey. El sector representa 58% de su economía y la mitad de los empleos en la isla dependen de él, según la asociación Jersey Finance, que reúne a los profesionales del sector.
El martes, los dirigentes de la Unión Europea (UE) se reunieron y prometieron tener lista para diciembre una lista negra de paraísos fiscales, algo que debaten desde abril de 2016. Un paso observado muy de cerca en Jersey.
En su informe anual de 2016, la asociación Jersey Finance decía que la isla estaba lista, como "centro financiero internacional de importancia", a "afrontar el desafío".
Con la incertidumbre, no obstante, sobre su capacidad para responder a uno de los tres criterios establecidos por la UE: la necesidad de presentar una "fiscalidad justa", sin acuerdos para facilitar la instalación "de estructuras con ventajas fiscales que atraigan beneficios que no reflejan una actividad económica real".
