Desde la aprobación hace 30 años de la Ley de Caducidad (Nº 15.848), el 22 de diciembre de 1986, hubo seis sentencias en primera instancia en casos de crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1968 y 1985.
Así lo marca una nota del Informe 2016 de Derechos Humanos en el Uruguay de Serpaj, escrita por el periodista Roger Rodríguez y titulada “Sempiterna impunidad”.
El texto denuncia la “impunidad impuesta” en el país y solicita a los jueces “una actuación diligente, seria y eficiente” y “que no favorezcan la impunidad, la revictimización y el incumplimiento de los deberes del Estado”, tal como planteó el Observatorio Luz Ibarburu (OLI).
En estos 30 años, se judicializaron 304 causas y se procesó a 30 militares, policías o civiles, de los cuales 14 siguen en prisión, seis fallecieron, cuatro fueron liberados, uno fue excarcelado de forma anticipada, otro fue concedido con prisión domiciliaria y uno está en el Hospital Militar.
De esos 304 casos, el 63% (180) no pasaron de la etapa de presumario y en varios casos las indagatorias comenzaron “luego de años de ‘chicanas’ jurídicas interpuestas por los abogados defensores de los imputables”, entre las que incluyen: reclamos de jurisdicción de la Justicia militar, amparo de la Ley de Impunidad, inconstitucionalidades de la ley interpretativa y reclamos de prescripción de delitos.
El informe añade que sólo 82 causas llegaron a algún tipo de definición, de las cuales 66 fueron archivadas, en diez se llegó a la etapa de sumario y sólo en seis hubo una sentencia.
Los datos son obtenidos del seguimiento de causas que desde hace diez años realiza el OLI, quienes consideran que “la omisión e ineficiencia judicial hacen incurrir al Estado uruguayo en responsabilidad internacional”, según un comunicado que emitieron en octubre, citado en el informe.
Además, el texto expresa que la demora en los enjuiciamientos es considerada por el OLI como una denegación de justicia y piden que la suspensión del proceso penal se haga de manera fundada.
