“Quizás Invertexi es el propio Zamin Ferrous Aratirí, que está valiéndose de una nueva sociedad anónima para tratar de lograr 120 días más que no puede tener porque ya venció el plazo de 360 días que le votamos en la ley hace un año”, dijo Bordaberry en el Parlamento.
La ministra de Industria, Carolina Cosse, dijo la semana pasada en No toquen nada que el 15 de marzo Aratirí presentó a Invertexi, una empresa sin antecedentes en el rubro, que se registró este mismo mes.
Bordaberry planteó sus dudas: “según anunció la ministra de Industria, el nuevo interesado que se habría presentado se llama Invertexi. Invertexi no existe en los registros comerciales. Sí encontramos una empresa Invertex India. Cuando vamos a ver quiénes la integran, nos encontramos que uno de sus cuatro dueños es una persona Usha Agarwal, y lógicamente vinculamos con Pramod Agarwal, que era dueño de Aratirí”.
El legislador colorado habló en la sesión en la que se votó una nueva extensión del seguro de desempleo para los empleados de Aratirí. Fue la cuarta extensión desde agosto de 2013. En total son unos 90 empleados.
“Seguramente muy pronto invitemos a esta empresa a través de una nota a que recorra los caminos legales, que son toda la normativa vigente, fundamentalmente la Ley de Minería de Gran Porte que explicita una gran cantidad de condiciones. Que recorra ese camino presentándonos cuál es su proyecto”, señaló Cosse.
La ley le da al ministerio 120 días de plazo para estudiar al nuevo inversor.
Cosse dijo que no pesa que no tenga antecedentes en el rubro. “No pesa porque la normativa es exigente. La ley de minería de gran porte es exigente en las condiciones que tiene que cumplir, los permisos que tiene que tener, las garantías que tiene que ofrecer. Si cumple con todas las condiciones, cumple con la normativa”, explicó.
Raúl Viñas, integrante del Uruguay Libre de Megaminería, tiene una idea similar a la de Bordaberry.
“Esta jugada no es para explotar el mineral dado que es económicamente inviable hacerlo por las condiciones del mercado actual y las previsiones que tenemos para los próximos años. Es simplemente una forma de presionar a nuestro gobierno para que haga uso de una opción que le da la ley de megaminería de adquirir los datos que la empresa ha juntado y que es la única forma que tiene hoy de llevarse del país algo de dinero”, explicó.
Rafael Michelini, del Frente Amplio, afirmó que “la propia ley dice que en una determinada circunstancia el permisario puede buscar -si no va a hacer el emprendimiento- con otra empresa y presentarla al gobierno”. “¿Para qué va a dejarla y que el gobierno tome los derechos que él tenía, si él puede comercializar de alguna forma eso?”, preguntó.
Bordaberry dijo que la información “es pública y debe chequearse, porque nada impide que aparezca otra sociedad anónima interesada en explotarlo”. “No debe ser una sociedad dependiente de la anterior sociedad, porque el artículo 188 y 189 de la Ley 16.060 no lo permitiría. Pero bueno, es una cuestión de que el gobierno, estoy seguro, aplique la ley como lo tiene que hacer”, expresó.
