El exmandatario, de 70 años y fundador del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), estará a cargo del ministerio de la Casa Civil, una especie de jefatura del gabinete, que sirve de articulador de la acción gubernamental, tras dos jornadas de negociaciones entre Lula y Rousseff en Brasilia.
"Asumirá el cargo de ministro de Estado (jefe de la Casa Civil) el expresidente de la República, Luiz Inacio Lula da Silva", anunció el gobierno en un comunicado.
Lula reemplazará a partir del próximo martes a Jaques Wagner, que pasará al gabinete personal de la presidencia de la República.
Legisladores del PT habían anticipado la noticia, que según medios locales precede a una reforma ministerial más amplia. Fuentes del Palacio de Planalto dijeron a la AFP que la intención es formar un "gobierno de notables", con el retorno de algunas figuras que ocuparon cargos ministeriales durante los mandatos de Lula entre 2003 y 2010.
El exmandatario tendrá la tarea inmediata de frenar una potencial diáspora de aliados de la coalición de gobierno que le permita bloquear un pedido de juicio de destitución contra Rousseff en el Congreso por supuesta adulteración de cuentas públicas, mientras él mismo enfrenta investigaciones ligadas a un megafraude en la estatal Petrobras.
Ícono de la izquierda latinoamericana, Lula anticipó que será candidato en las elecciones presidenciales de 2018.
Huida
La oposición consideró que la entrada de Lula al gobierno es sobre todo una maniobra para ponerlo al abrigo de la justicia ordinaria.
"En lugar de dar explicaciones y asumir sus responsabilidades, el expresidente Lula prefirió huir por la puerta de atrás. Va a asumir un ministerio para asegurarse el fuero parlamentario (...). Es una confesión de culpa y una bofetada a la sociedad. La presidenta Dilma, al invitarlo, se torna su cómplice", afirmó el líder del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en la Cámara de Diputados, Antonio Imbassahy.
"El capítulo final de esta historia será su impeachment", agregó.
La Corte Suprema podría desbloquear este miércoles o el jueves el pedido de juicio político, congelado hasta que los jueces definan el formato en que debe tramitarse. Esa decisión habilitaría a la Cámara de Diputados a instalar la comisión que analizará en primer lugar si hay argumentos para iniciar el proceso.
El pasado fin de semana, el principal aliado de la coalición de gobierno, el centrista PMDB, anunció que podría romper la alianza, lo que dejaría a Rousseff en una posición muy frágil.
Mientras el PT prende velas para que el padre del milagro socioeconómico brasileño entre 2003 y 2010 reanime la gestión, el país se debate en una recesión económica que podría ser la peor en un siglo.
El PIB brasileño se contrajo 3,8% en 2015 y las previsiones del mercado son que caerá otro 3,5% en 2016, mientras que el desempleo es de 7,6% y la inflación supera los dos dígitos.
Lodo
En Brasilia aún retumban las acusaciones de corrupción de un senador del PT procesado por obstaculizar la investigación del escándalo de Petrobras, que fueron desclasificadas el martes y regaron de sospechas a gran parte del arco político, Lula y Rousseff incluidos.
En su testimonio, Delcidio Amaral, exlíder del PT en el Senado, dijo que Rousseff ordenó sobonarlo para que no colaborara con la justicia y que Lula intentó interferir en la causa.
De acuerdo con Amaral, el ministro de Educación, Aloizio Mercadante, le habría insinuado apoyo a cambio de que no colabore con las autoridades, pero el senador desoyó la oferta y decidió delatar a otros involucrados a cambio de una reducción de su eventual condena.
Su declaración fue aceptada por la Corte Suprema, lo que da luz verde a la fiscalía de la República para iniciar investigaciones sobre los mencionados, que incluye al líder de la oposición, el senador Aecio Neves (PSDB), derrotado por Rousseff en las elecciones de 2014, y el actual vicepresidente de Brasil, Michel Temer.
En un clima de conmoción política agudizado por una multitudinaria protesta que el domingo pasado congregó millones de personas para pedir la dimisión de Rousseff, el PT responderá con una marcha este viernes, que será una prueba del respaldo social con que puede contar aún la impopular Rousseff.
(AFP)
