Según informó Subrayado, el juez Gustavo Iribarren procesó con prisión a 17 funcionarios del SIRPA.
La fiscal Ana Umpiérrez había pedido el procesamiento en calidad de autores y coautores del delito de tortura.
Joselo López y otros ocho funcionarios fueron procesados sin prisión como cómplices de este delito.
La tortura, establecida en el artículo 22 de la ley 18.026, está incluida en el apartado de crímenes de lesa humanidad.
Dicho artículo dice que se entiende por tortura “todo acto por el cual se inflija dolores o sufrimientos graves, físicos, mentales o morales; el sometimiento a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; y todo acto tendiente a anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental aunque no cause dolor ni angustia física o cualquier acto de los previstos en el artículo 291 del Código Penal realizado con fines indagatorios, de castigo o intimidación”.
La fiscal había dicho que lo que ocurrió en el centro Ceprili "estaba en un encuadro más complejo que simplemente malos tratos, evidentemente operaba un trato cruel inhumano y degradante para los internos".
