“La jovencita había ido a la playa en esas salidas y paseos que hacíamos, y vuelve con arena en los pies, y el padre reacciona de forma violenta y castiga físicamente a su hija, entendiendo que se había excedido. Se imaginaba que su hija poco menos que se había desnudado en la playa, algo inaceptable para la cultura de estas personas, y la castiga como me castigaba mi padre a mí hace unos cuantos años”.
Este episodio lo relató el secretario de Derechos Humanos de Presidencia, Javier Miranda en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados. Según Miranda fue el único registro de violencia entre las familias sirias y aclaró que se dio en octubre del año pasado y no en febrero cuando se conoció a través varios medios. Además, puntualizó que se trataba de un padre con su hija y no de un hombre con su mujer.
“Lo que sucede es que hoy en Uruguay no aceptamos, por muy buenas y distintas razones, el castigo físico a los hijos. Fue un castigo de un padre a un hijo como sucedía en este país hace unos cuantos años. Por suerte eso hoy es sancionado”, indicó Miranda en Comisión.
El secretario dijo que en ese momento se mantuvo una entrevista personal con el padre en la cual se le explicó que en Uruguay pegarle a un hijo era un delito. “El hombre francamente no comprendía, pero no comprendía culturalmente”, añadió.
Miranda aclaró que en las entrevistas que tuvieron con las familias antes de que llegaran a Uruguay también se habló de estas diferencias culturales y se refirieron en particular a la violencia doméstica; e incluso es un tema que se conversa con quienes se encargan del acompañamiento familiar.
“Las duplas dialogan con la familia, con todas las familias, para decirles que se respetan todas las diferencias culturales con el límite del respeto de los derechos fundamentales y de la legislación penal nacional. Y ahí quedó; realmente, ahí quedó”, indicó Miranda.
Albergue transitorio
Miranda contó que en esta primera etapa se entendió que la idea de que los refugiados llegaran a Uruguay y se albergaran por un tiempo juntos en un mismo lugar “generó conflictos de convivencia” y “resultó efectivamente compleja”.
Las cinco familias que llegaron en octubre del año pasado se ubicaron en el Hogar Marista, donde se preveía que estuvieran unas ocho semanas, pero ese tiempo se extendió.
“Habíamos desarrollado un programa de introducción a la cultura uruguaya, aprendizaje de español y paulatina inserción en el medio nacional para que luego, a finales de noviembre las familias pudieran radicarse en sus domicilios, pero contando con ocho semanas de aprendizaje de idioma español, con procesos de contención que, junto con los procesos de salud, son absolutamente fundamentales”, explicó Miranda.
El secretario de Derechos Humanos dijo que se dieron conflictos de convivencia “naturales”, “niños que se pelean, padres que salen a defender a los niños”.
“La evaluación que hoy hacemos de ese proceso de convivencia no es la más adecuada. Realmente, la etapa fue difícil, insisto, por temas de convivencia: a mí no me gusta esta comida, quiero cocinar mi propia comida, el nene grande le pegó al chico”, ejemplificó Miranda.
Por eso es que la idea para la llegada de nuevos refugiados es que al llegar vayan directamente a sus domicilios y que la enseñanza de español y otro tipo de asistencias se dé en un espacio común aparte.
El gobierno anunció esta semana que a fines de noviembre llegaría el próximo contingente de familias sirias. Al anunciarlo, el canciller Rodolfo Nin Novoa dijo que el país no caería "en default humanitario" y continuaría con el plan de refugio a las víctimas del conflicto sirio que ha desplazado a millones de personas.
¿Dónde están hoy y en qué condiciones?
Las cinco familias fueron alojadas en distintos lugares y con distintas soluciones habitacionales. Una de ellas se encuentra en Juan Lacaze, otra en Piriápolis, y tres en Montevideo.
Todos los niños están escolarizados en centros públicos y hay adolescentes que cursan Administración de Empresas en el Instituto Crandon, por medio de becas. “Eran muchachos con buen nivel educativo en origen y les interesaba esta materia”, destacó Miranda.
A la vez, reciben educación específica en español; la tuvieron las seis u ocho semanas que estuvieron en el refugio y luego la continuaron, particularmente para las mujeres.
“En esa estructura cultural muy machista las mujeres tienen menor formación escolar, por lo cual presentan mayores dificultades para el aprendizaje. Además, debido a esa propia estructura familiar, con muchos niños, en la que la mujer cumple el rol histórico y tradicional de cuidado, sus oportunidades de aprendizaje son menores, lo cual nos llevó a reforzar los mecanismos de educación en lengua española, en particular para las mujeres adultas”, comentó Miranda en Comisión.
Todos los integrantes de las familias obtuvieron documento de identidad uruguayo y hace aproximadamente dos meses obtuvieron un documento de viaje “bajo el régimen de la Convención sobre el estatuto de los refugiados”, que no es un pasaporte porque solo se da en Uruguay a los ciudadanos y se necesitan tres a cinco años de residencia permanente.
A ocho meses de su radicación, Miranda dijo que “los procesos de integración son normales, con las dificultades habituales y con distancias culturales importantes”.
Destacó la distancia idiomática, que llevó a mantener un grupo de intérpretes permanentes, lo que no estaba previsto. “En Uruguay hay muy pocas personas que hablan árabe y menos con capacidad de hacer una interpretación simultánea”, agregó Miranda.
Los costos y el futuro “incierto”
Miranda aseguró que el programa está totalmente financiado por Uruguay. Es un proyecto que tiene un costo de US$ 2.300.000 y Acnur no ha puesto dinero.
“En este momento el Acnur tiene grandes dificultades económicas, por lo que el Estado uruguayo asumió el 100% del costo del programa”, aclaró el secretario.
Miranda dijo que las organizaciones de la sociedad civil que colaboraron en el proceso de adaptación, “contribuyeron pero no llevaron adelante el proceso” y “el que condujo el proceso fue el Gobierno”.
“Necesitamos el mayor apoyo de la sociedad, de la sociedad civil organizada y de las organizaciones de la sociedad civil, pero la conducción debe ser del Gobierno”, reafirmó.
