En la década de los 90, a raíz de mi trabajo en Revista Tres, hice una investigación junto a la periodista Stella Maris Pusino sobre lo que sucedía en las colonias psiquiátricas Etchepare y Santín Carlos Rossi. Durante varias semanas visité los pabellones y conviví con pacientes, enfermeros y psiquiatras.
Las imágenes por entonces, más allá de las mejoras edilicias de los últimos años, eran las mismas que coparon diarios, portales y noticieros estos días. Pacientes deambulando sin rumbo y sin un plan de atención. Cientos de personas declaradas dementes y abandonadas en un predio enorme donde lo único seguro es que muy difícilmente egresen algún día.
Ya por entonces, a través de un acuerdo con Italia, se hablaba de la inutilidad de estos grandes centros para tratar la locura. Inutilidad si se habla de buscar paliativos a la enfermedad y lograr reintegrar a esas personas en la sociedad. Las colonias sirven casi exclusivamente como depósito. De personas y, ahora, de perros. No deja de ser irónico que este gran lío se haya armado por el abandono de perros y personas en el mismo lugar.
Desde aquellos años noventa hasta ahora el Estado ha experimentado con planes de realojamiento de los pacientes en casas familiares. Pero nunca se pudo extender ese trabajo al punto de estar en condiciones de eliminar las colonias.
Todos estos años la realidad paralela de las colonias no tuvo grandes variantes en lo importante: tratar a enfermos psiquiátricos. Pudo mejorar en los edificios, la calidad de la comida, etcétera. Pero la inutilidad para curar o paliar que tienen esas grandes concentraciones de pacientes se conoce hace décadas.
La semana pasada un anciano con 50 años de internación fue atacado por una jauría de perros. Los funcionarios dicen que “se lo comieron”. Hace más de dos años que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) recibe denuncias de estos ataques y había advertido del problema a la Administración de Servicios de Salud del Estado y a la Comisión de Zoonosis.
Según los funcionarios los ataques eran diarios y la INDDHH informó de 158 entre 2010 y 2013. Un número altísimo en cualquiera de las dos versiones. Pero la solución no apareció. Tal es el olvido al que están condenados los pacientes y las colonias psiquiátricas en general.
El fin de semana, tras esta muerte, una jueza le impuso al Estado un plazo de 48 horas para resolver el problema. La posibilidad de que los perros fueran sacrificados rápidamente movilizó a las ONG protectoras de animales. El lunes 30 retiraron más de 100 perros del predio. También se harán cargo de los canes más problemáticos.
Cada uno decide en qué causa alistarse y qué parte del problema atender. La celeridad de las protectoras de animales al menos debería llamarnos la atención sobre la lentitud acalambrante que se ha tenido para atender y solucionar el lado más importante del problema.
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