Las organizaciones Mujer Ahora, Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) e Infancia y Adolescencia Ciudadana (IACI) solicitaron una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, con motivo de la reforma del Código Penal uruguayo.
“Cuando nos enteramos que era inminente la aprobación del proyecto de reforma y que tenía varias carencias y cuestiones absolutamente controversiales, ahí dimos la señal de alerta y dijimos ‘tenemos que hacer todo los posible para frenar la aprobación’”, explicó a 180 Lilián Abracinskas, quien irá en representación de MYSU.
La audiencia denominada “Derechos humanos y nueva legislación penal en Uruguay” se realizará en próximo lunes 16 de marzo en Washington; las solicitantes tienen 15 minutos para expresarse y luego el Estado uruguayo otros 15 minutos.
Abracinskas dijo que sí están de acuerdo con la reforma del código penal, pero no con las propuestas para su modificación, y calificó al proyecto como “altamente deficitario”.
“Estamos de acuerdo con que se necesita la reforma del código penal uruguayo, en eso hay absoluta coincidencia, tiene ochenta años, está basado en un código de la Italia fascista, en ese momento había gran parte de la ciudadanía que no tenía reconocidos sus derechos, entre ellos las propias mujeres, como el voto”, detalló Abracinskas.
Respecto al nuevo proyecto señaló que en lo que refiere a mujeres y violencia de género “no solo hay obstáculos y vacíos, sino francos y retrocesos”; y que deben definirse nuevos tipos delictivos que no están contemplados.
A modo de ejemplo, la representante de MYSU mencionó el no reconocimiento del feminicidio y la restricción de la violencia doméstica a la convivencia.
En lo que refiere a derechos reproductivos, Abracinskas manifestó que pese a la aprobación de la ley de salud sexual y reproductiva, “aparece sin saber de dónde, en el capítulo de artículos vinculados al aborto, la protección de la vida prenatal, cuando sobre eso no hay ningún consenso en este país”.
Una vez que se realice la audiencia, la Comisión puede o no enviar sus recomendaciones al país en vías de garantizar los estándares más altos en derechos humanos.
