Cotidianamente, dedico un buen rato a revisar la prensa electrónica de América Latina, junto con la de otras partes del mundo en lo que tiene que ver con los análisis del acontecer político, económico y social de América Latina, y desde luego ya estoy más que acostumbrado a la manipulación burda que se hace de cualquier hecho que pueda ser calificado de “noticia”, pero lo que se ha estado publicando en las semanas previas a la asunción de mando de Tabaré Vásquez a propósito de “la crisis en Venezuela” me ha indignado muy especialmente. No hace falta cuantificar la cantidad de notas publicadas a propósito de la muerte del joven de 14 años en San Cristóbal (Venezuela) ni tampoco reseñar las innumerables opiniones (condenatorias, obviamente) que se han expresado prácticamente en todos los medios informativos en la región, sobre todo por parte de dirigentes de diferentes partidos políticos, para concluir que el hecho ha sido ampliamente destacado, responsabilizando -exclusivamente, simplistamente- al gobierno venezolano por dicha muerte. Sin embargo, otra muerte, ocurrida en Acapulco (Estado de Guerrero, México) en medio de una gran represión policial a protestas pacíficas de parte de educadores, ha pasado prácticamente desapercibida, y de no ser por el esfuerzo de difusión en redes sociales y a través de medios alternativos a los dominantes, nadie se habría enterado. En paralelo, ninguno de los dirigentes políticos que pusieron el grito en el cielo por la muerte del estudiante venezolano, se ha referido -siquiera- a la muerte del profesor mexicano.
Nada ha importado que el Presidente Maduro haya lamentado y condenado el hecho ocurrido en su país y que se haya detenido de inmediato al policía responsable del asesinato (no ha ocurrido nada semejante en el caso mexicano) y tampoco ha importado mucho hacer -al menos- un simple análisis de la dimensión comparada de varios hechos como los que aquí se mencionan, todos producidos en los últimos días y casi siempre con una gran responsabilidad policial o de otros organismos represivos en sus respectivos desenlaces. Todas las energías se han concentrado en condenar radicalmente al gobierno venezolano, callando absolutamente frente a lo ocurrido en México, sin que a nadie se le ocurra responsabilizar al gobierno mexicano. Tampoco se escuchan condenas -de parte de esos mismos políticos- a la brutalidad policial que mató a un indigente en Los Ángeles y ha sido acusada de homicidio por el gobierno federal de los Estados Unidos.
¿Por qué? Se podrían ensayar varias hipótesis, pero no hay necesidad de complicarse mucho en el análisis. En realidad, es más que evidente que no todos los muertos importan de la misma manera y que las valoraciones en relación a la brutalidad policial dependen de la mayor o menor identificación política con los gobiernos de turno en cada país. Y en este caso concreto, es más que evidente que el objetivo de fondo es condenar al gobierno venezolano, colaborando de este modo con los intentos de desestabilización en marcha en contra de un gobierno democráticamente elegido, con todas las garantías correspondientes. Se podrá decir que la “condena” no se debe sólo a la muerte del joven en San Cristóbal, y que en realidad tiene que ver -sobre todo- con la detención del Alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, pero el problema sigue siendo el mismo. Presos políticos hay en varios países de América Latina (con todo lo opinable y discutible que esto tiene, sobre todo en términos de en qué casos se aplica dicha categoría) y sin embargo, todas las condenas se concentran en un único caso.
En nuestro país, en particular, todo esto ha sido muy evidente. Prácticamente todos los partidos de la oposición se han pronunciado en contra del gobierno venezolano, mientras que ninguno ha hecho ninguna referencia a los acontecimientos ocurridos en México (que, por cierto, forman parte de un proceso signado totalmente por la violencia, de la que el gobierno es -también- responsable) guiados por oportunismos políticos menores y claramente sesgados desde el punto de vista político partidario. ¿Hubiesen repudiado la presencia del Presidente Peña Nieto si hubiese venido a la toma de mando del presidente electo, Tabaré Vásquez? ¿Le hubiesen pedido una reunión personal y especial, para manifestarle su profunda preocupación por la violencia existente en su país? Se podrá estar en desacuerdo con algunas o con muchas de las prácticas del gobierno venezolano, pero lo que no se puede es suponer que todas las responsabilidades por “la crisis” le corresponden exclusivamente al mismo, ignorando las prácticas desestabilizadoras de buena parte de los sectores de la oposición, que ya han estado (probadamente, por cierto) involucrados en intentos de golpe de Estado. Comparto plenamente -en este sentido- las expresiones del Presidente Mujica (muy “recortadas”, por cierto, en los titulares de los principales medios de prensa) en el sentido de que ningún gobierno se dejaría “llevar por delante”, así como así.
¿A nadie se le ocurre preguntarse dónde está Capriles, antiguo candidato presidencial de la oposición, y claro exponente de las fracciones más democráticas de la misma, mientras los nuevos “protagonistas” hacen constantes llamados a “la salida”, a la “transición” y a muchas otras consignas antidemocráticas, que quieren llevarse por delante a un gobierno democráticamente electo, por vías alternativas a las estrictamente electorales? ¿A nadie se le ocurre preguntarse por qué estos intentos desestabilizadores se dan -precisamente- a pocos meses de las próximas elecciones en Venezuela? A no dudarlo: en todo esto hay -también- “movidas” pre-electorales, concentradas -sobre todo- en la elección de las y los candidatos de la oposición (e incluso en relación a si se presentan o no, a dichas elecciones) en medio de la puja -ya histórica- entre quienes prefieren apostar a la vía electoral y quienes prefieren optar (vistos, probablemente, los resultados electorales obtenidos hasta el momento) por otras vías más “eficaces”. En todo caso, a la inmensa mayoría de las y los ciudadanos le duelen todas las muertes por igual y prácticamente todos rechazan la prepotencia policial, independientemente del contexto en el que la misma se produzca. No es bueno, por tanto, manejar estos temas con fines puramente político partidarios, porque eso -en definitiva- debilita la democracia. Lo correcto es medir todo con la misma “vara” y eso es lo que la ciudadanía espera de los políticos y de los medios informativos serios.
Ernesto Rodríguez es Sociólogo, Director del Centro Latinoamericano sobre Juventud (CELAJU) y Coordinador del Portal de Juventud de América Latina y el Caribe (www.joveneslac.org y www.youhtlac.org). Es Investigador, Docente y Autor de numerosas publicaciones sobre temas de su especialidad. Actualmente, trabaja como Asesor de Gobiernos y Consultor de las Naciones Unidas, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de la Unión Europea y de la Organización Iberoamericana de Juventud, en Políticas Públicas de Juventud, Prevención de la Violencia y Desarrollo Social.
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