Con esta imagen el sociólogo francés Waqcuant representa claramente el fenómeno al cual asistimos los ciudadanos como espectadores que no logran entender ese atropello de lugares comunes y falta de innovación en la política de seguridad.
El tiempo electoral ofrece un menú de refritos destinados al fracaso, iniciativas marcadas por el autoritarismo y falta de propuestas serias que brinden información para elegir gobernantes.
El reduccionismo del problema brota por todos lados; la ilusión de delincuencia cero; la erradicación de las “drogas”; la descalificación de quienes abogan por el gobierno civil de la seguridad; que el “conocimiento” sobre seguridad y criminalidad los tienen los “prácticos” y que la “academia” ya no tiene nada para decir; los buenos y los malos, los honestos y deshonestos, “ya no se puede más, los jóvenes están fuera de control”. Nada nuevo bajo el sol desde que la cuestión de la seguridad se ha transformado en un recurso inagotable donde candidatos van a buscar votos.
Ahora bien, la falta de información se transforma dramáticamente en un problema mucho más grave cuando se mezcla con la falta de ética pública.
Gestionar la seguridad y la criminalidad como un mercado al cual se puede ir a buscar votos a sabiendas que no aportan soluciones eficaces y eficientes a los problemas sociales es lisa y llanamente un problema ético.
Intentar “seducir” votantes con dolor, miedo y medias verdades es de los recursos más viles a los que se puede recurrir. Es hora que la ciudadanía se dé cuenta de lo importante que es su voto para quien se los pide y que exija un poco más que el reduccionismo y la simplificación que se le ofrece, que decidan con autonomía y no en función de spots que reducen la temática a la dicotomía los buenos y los malos.
Porque simplemente, no funciona de ese modo.
Funciona con políticas de estado que tiendan a la inclusión social, con medidas alternativas, con privación de libertad en condiciones dignas, sin tratos crueles, inhumanos y degradantes, con policía capacitada, eficiente y democrática que respete las garantías individuales, con un Poder Judicial y un Ministerio Público enfocado a la resolución de conflictos de manera sistemática que desmantele los mercados ilícitos (a los que también algunos “buenos” van a comprar), con un sistema que albergue y contemple las necesidades de las víctimas y no las utilice como medio de prueba y con leyes que tengan en cuenta el impacto que tienen en las poblaciones más vulnerables.
Ahora bien, sin recursos económicos, personal capacitado y mirada estratégica también estas premisas para un gobierno democrático de la seguridad se transforman en eslóganes electoraleros.
Porque estamos frente a un problema complejo es que debemos exigir más de los gobernantes que ofrecen sus “recetas” reduccionistas para gestionar la conflictividad social.
Esto no significa que no se deba trabajar y mucho por mejorar la seguridad en varios aspectos, pero no a costa de una sociedad aterrorizada e ilusionada en falsas expectativas, eso sí es falta de libertad.
Lo del comienzo… pura pornografía penal al decir de Wacquant “…las palabras y los actos antidelito deben ser metódicamente puestos en escena, exagerados, dramatizados e incluso ritualizados. Esto explica por qué, al igual que los enredos carnales que abundan en las películas pornográficas, son extraordinariamente repetitivos, mecánicos, uniformes y por ende eminentemente predecibles”.
Martín Fernández es abogado, integrante de Ielsur.
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