No olvidemos el aporte de los noticieros musicalizados, que como si exhibir hasta el hartazgo la desgracia y miseria ajena no fuera suficiente, pretenden crear el clima de temor e inseguridad, musicalizando el momento. Si hay algo que caracteriza el discurso sobre la seguridad pública en tiempos electorales es su levedad, su poca sustancia y su emotivismo. Es que debemos "construir" al enemigo para auto sorprendernos de su poderío, y ese enemigo va a justificar toda nuestra batería de medidas: "mano dura"; "tolerancia cero" y rebaja de imputabilidad, duro con la delincuencia y los delincuentes, más cárceles, más penas, menos beneficios a los que reinciden. ¿Alguien se detuvo a pensar en que la reincidencia es responsabilidad del Estado y no de quien comete nuevo delito? Pues bien, el Estado tuvo a su "disposición" a una persona privada de libertad por el tiempo que quiso establecer como castigo y no logró hacer nada, pero en lugar de reconocer la responsabilidad del Estado, descargamos toda la furia penal sobre esa persona. ¿Alguien se detuvo a pensar que nuestro sistema penitenciario está estructurado (al menos normativamente) en base al principio de progresividad? Cualquiera sea el delito, el mayor encierro tiene lugar al comienzo y luego, progresivamente, se debería ir accediendo a sistemas de reclusión cada vez más abiertos, salidas sociales y laborales hasta la salida definitiva del sistema carcelario. Se podría pensar que este principio está en nuestro derecho gracias a la izquierda progresista, la derecha inconsciente o, incluso, los descerebrados de las ONGs. Sin embargo, este principio fue establecido en la dictadura, en el D.L 14.470 y está de acuerdo con las normas internacionales –ratificadas por Uruguay- en materia de régimen de reclusión. ¿Podemos aceptar sinceramente una rebaja del principio de progresividad en la reclusión? ¿Los nuevos abordajes son peores que las soluciones de ayer?
Son tiempos electorales y las propuestas son muchas: mega instituciones encargadas de la seguridad, súper coordinaciones institucionales, impactantes intervenciones sobre la delincuencia y el delito; más policías, más cárceles, co-gestión con empresas privadas de las cárceles, prioridad presupuestal para la policía, "tiroteo con los delincuentes", entre otras soluciones reduccionistas del problema de la seguridad.
Y como no podría ser de otra forma rebajar la edad de imputabilidad y establecer nuevos delitos para los niños, niñas y adolescentes están a la orden del día, como hace años, porque sin duda estos temas dan una presencia mediática nada desechable a la hora de medir impactos en tiempos electorales. Propuestas que no se basan en ningún fundamento de hecho y de derecho porque en el país tenemos un sistema de responsabilidad penal para menores de 13 años hasta los 18 establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia adecuado a los estándares internacionales y porque todas las investigaciones en la temática corroboran que las medias históricas desde los 90 en relación a las edades de los adolescentes que cometen delitos se ubican entre los 16 y 18 años. Pero, además, ¿alguien duda que en la Colonia Berro no se castigue de forma similar a los adultos?
Antes que cambiar la legislación de infancia deberíamos estar preocupados porque desde que se aprobó el Código de la Niñez, los niveles de aplicación son bajos y si hay que proponer algo esto debe ser cumplirlo y no rebajar estándares como se está proponiendo desde varios sectores involucrados en la contienda electoral.
Nada nuevo bajo el sol. El tema que requiere nuevos abordajes, la política criminal es algo serio y como tal, requiere una deliberación inclusiva para establecer cómo construye la comunidad la cuestión criminal y su relación con la justicia social. La política criminal actual está agotada y sobran las muestras, basta recurrir a las poco novedosas pero contundentes afirmaciones de nuestro sistema que hiciera el Relator sobre la tortura de Naciones Unidas, Manfred Nowak. El sistema penal como es considerado actualmente nació con certificado de defunción, ya en 1900 se decía que este sistema, especialmente la privación de libertad, debía desaparecer a la brevedad.
No hace mucho tiempo, un teórico italiano sostuvo que un sistema penal debía tener en cuenta el principio de la "ley del más débil". Esto tan simple consiste en tener en cuenta al débil de la situación de poder planteada. Separando las relaciones existentes en el fenómeno del delito en tres: delincuente-víctima, estado- procesado, estado-condenado; el sistema penal debe proteger al más débil en la relación. Nada de esto se ha escuchado en las propuestas electorales, o por lo menos, si se ha escuchado eslóganes en ese sentido, a la hora de proponer medidas concretas, ninguna tiende a esto. No se propone modificar el vetusto código procesal penal de la dictadura (que por otra parte es menos peligroso para el más débil, que algunas disposiciones de la reciente ley de procedimientos policiales). No se propone seriamente una reforma que permita a la víctima intervenir en el proceso y obtener alguna satisfacción del ofensor solucionando el conflicto de alguna manera alternativa. ¿De verdad creemos que quien padece un hurto o una rapiña está satisfecho con el ofensor preso? No se propone un nuevo sistema procesal que pueda sacar al país del dudoso honor de tener un sistema inquisitivo (de los tres o cuatro que perduran en el mundo entero), con un mismo juez que recoge pruebas, procesa, dirige el proceso, condena y luego, supuestamente, vigila la ejecución de la condena. No se propone un sistema penitenciario que realmente pueda cumplir con el mandato constitucional de reinserción social y deje de ser una vergüenza nacional.
En definitiva, sería un mejor comienzo sincerarse y dejar de ver en la seguridad pública una cuestión electoral y abocarse a diseñar verdaderas políticas públicas.
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