El Poder Ejecutivo cerró este jueves el expediente de Francisco Casal donde la Dirección General Impositiva (DGI) le reclama al empresario 11 millones de dólares por impuestos no pagados en transferencias de futbolistas.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la DGI están convencidas de que Casal debe ese monto y esperaban la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) donde estaba actualmente el litigio. Pero el ministro de Economía, Fernando Lorenzo. finalmente firmó el cierre del caso.
Según fuentes del Frente Líber Seregni la opción del equipo económico era firmar o irse del gobierno y optaron por firmar.
A continuación transcribimos la entrevista realizada por Joel Rosenberg y Ricardo Leiva al abogado Leonardo Costa, que defendió a Casal.
Joel Rosenberg: ¿Llegaron a un acuerdo?
Leonardo Costa: Cuando este caso salió a la prensa hice una entrevista con ustedes. Creo que nunca hubo un caso tan judicializado como este de la DGI con Casal. Varias entradas a juzgados penales, en fin. Nosotros después que el Ministerio de Economía nos dio la razón de que no había multa por defraudación y que el plazo de prescripción no era de 10 años como planteaba la Administración Central, si no de cinco años, pidiendo un informe a un abogado externo del Ministerio de Economía, el doctor Albacete. Ahí nos presentamos en 2011 a plantearle al Poder Ejecutivo que resuelva este tema porque entendíamos que había pruebas en cuanto al fondo del asunto y en cuanto a la forma, de cómo lo había manejado la Administración. La demora le estaba causando a mi cliente un perjuicio importante.
¿En esa comunicación le advirtieron al Estado que podían hacerle un juicio?
Sí. Además hay un particularidad, el único empresario del fútbol que tuvo un proceso y fue investigado fue Casal. Eso lo dejó fuera del mercado de pases deportivos, prácticamente. El Poder Ejecutivo pidió dos informes clave a los fiscales de gobierno y estos asesoraron al Poder Ejecutivo de que había razones de fondo que podían darle la razón al contribuyente. Además analizaron otras cuestiones de forma, como era el tiempo que había llevado el procedimiento y algunas dudas en cuanto a la regularidad del procedimiento por parte de la Administración. Yo me notifico de esos dos informes y los presento al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) como más a mi favor. El propio Estado generaba prueba a mi favor, desde mi punto de vista. La posibilidad de cerrar este caso se hizo público y como condición se pone que el contribuyente y las personas involucradas en este expediente declinen en forma expresa realizar cualquier acción directa o indirecta por daños materiales, morales o lo que sea, porque es muy amplio, contra el Estado o cualquiera de sus integrantes.
¿Eso ya se firmó?
Sí, está firmado. Se recabaron todas las firmas, logramos que vinieran los que estaban en el exterior.
Ricardo Leiva: ¿Se aplica, en este caso pero del lado de ustedes, la lógica que señaló Tabaré Vázquez que "más vale un peor acuerdo que un buen pleito"? Porque si uno toma en cuenta los temores que se dejaron ver desde el gobierno, aquí podría haber una resolución más larga, pero los contribuyentes podían terminar con una gran cantidad de dinero si hacían un pleito contra el Estado.
Sí, le digo otra cosa que le digo a todos los clientes que tienen un pleito contra la Administración por razones tributarias, pero hay otro tema que no tiene valoración económica alguna: el tiempo y los daños que ese tiempo causa. A mí juicio, a este caso no le falta menos de un año o dos para que tome una resolución el TCA y adicionalmente, este caso fue muy mediático. En 2008 fue tapa en todos los países del mundo, tengo de Italia, España, Inglaterra y Estados Unidos. Llegamos a tener 300 millones de dólares como reclamo, entre multas y recargos. Hay un montón de trabas que se le dan al contribuyente, del mundo financiero, que hacían que el tiempo acuciara a mi cliente. Sí el juicio fuera favorable, además iba a llevar ocho años para cobrar.
¿La cifra de 300 millones de dólares era una estimación de ustedes?
Esa fue una estimación del Estado, que se filtró a la prensa. La cifra original de impuestos, a otro tipo de cambio, era de 25 millones de dólares que por tres da 100 millones en total. Esa era la multa por defraudación y los recargos de esa época, desde el 98 a 2008, eso daba los casi 300 millones.
Ustedes presentaron documentos del Estado a favor de su defendido y al mismo tiempo el Ministerio de Economía consideraban que Casal debía 11 millones de dólares y por eso querían seguir en el TCA.
Tengo un gran respeto por el director de la DGI, me reuní con él y su equipo, la cifra salía del impuesto creado en 2004 a 2007. Yo les dije que el tema de fondo, y lo veo en los informes de los fiscales del gobierno, no daba la razón. Él entendió que no, respeto eso y que entiendan seguir adelante.
Usted es un tributarista de mucho tiempo y formó parte de gobiernos, dijo que nunca vio un caso tan judicializado. ¿Hubo alguna vez un caso donde presidencia se aboque al expediente, lo pida y determine por encima del MEF y la DGI?
No lo vi. Pero le digo que, muchas veces en casos así, el gobierno hablaba con algún otro ministerio y les decía que miren bien esto porque nos puede pasar un daño (...) no tengo antecedentes de este tipo en temas tributarios.
Hace pocas semanas, Gonzalo Ramírez en el suplemento de Economía de El País, hizo un columna donde decía que el gobierno podía cerrar el caso pero no podía acordar a cambio de, ¿puede haber una ilegalidad?
Entiendo que no es una ilegalidad. La resolución del Poder Ejecutivo cita un principio básico que es que ante una ilegalidad manifiesta el Estado tiene la potestad de cerrar el tema para proteger los intereses económicos. También me parece, si estuviera del lado de la Administración, también hubiera pedido algún compromiso porque de lo contrario no terminó cerrar el tema. Acá voy a hacer una valoración no jurídica, si yo hubiera estado del lado del gobierno hubiese pedido la certeza de que no voy a seguir con el tema complicando al Estado. En definitiva, los que nos podemos ver violentados con ese pedido somos los contribuyentes, sin embargo, lo entendieron de otra manera.
Con su experiencia en el gobierno y como profesor, ¿cómo queda parada la DGI con este tema ante los demás contribuyentes?
Entiendo que la Administración manejó, no la actual, manejó muy mal las cosas. No es razonable que los inspectores vayan a las 10 de la noche a la casa de un contribuyente, que de un día para otro se arme un caso, que se diga que no se va a hacer juicio penal y al otro diga se haga, se hicieron cosas muy poco razonables. La Administración hubiese quedado peor parada con la sentencia que le hubiera dicho que todo lo que hizo era ilegal. En mi experiencia como tributarista, nunca vi errores tan grandes cometidos por la administración en aspectos formales como pasó en este caso.
