Hace muchos años fui a ver al Teatro El Galpón una obra del actor argentino Gerardo Romano: Sexo, droga y rock and roll. El monólogo en plena época menemista se extendía en cuestionamientos severos a la corrupción política imperante, según el autor, en toda la historia de aquel país. En el clímax del discurso de Romano, en un efecto teatral, desde la platea alguien insultaba al actor que respondía con otro insulto.
Una reconocida actriz uruguaya, abstraída por el devenir de la obra, no percibió que se trataba de un juego teatral y no pudo resistir a pararse y gritar: “¡Esto es Uruguay, no Argentina!” Por suerte para ella, la obra terminaba y los aplausos disimularon el papelón.
La reacción del senador colorado Ope Pasquet ante los trascendidos del Consejo de Ministros del lunes 12 me hizo recordar aquel episodio. El legislador, siempre destacado por intervenciones inteligentes cuando no brillantes en la Cámara Alta, sobrerreaccionó.
Al día siguiente de ese Consejo de Ministros varios diarios publicaron crónicas sobre la reunión del Poder Ejecutivo y reflejaron la molestia que transmitieron varios informantes del gobierno por un documento crítico de las cámaras empresariales. En ese documento se aludía a la fragilidad fiscal del país, entre otros puntos. Las notas de prensa recogieron que Fernando Lorenzo habría sido el ministro más molesto con el planteo y habría afirmado que quienes critican la fragilidad fiscal, luego piden beneficios tributarios. Según las fuentes, Lorenzo habría dicho que se debería analizar el retiro de esos beneficios.
"Esto parece dicho no por Fernando Lorenzo en Uruguay, sino por Guillermo Moreno en Argentina. Es una vergüenza y debería rectificarse inmediatamente el ministro. Vamos a estar atentos a qué consecuencias tiene esto en los empresarios", dijo Pasquet en el Senado durante el debate de la ley de megaminería.
Más allá de lo difícil de rectificarse de un trascendido, esa comparación es recurrente en dirigentes blancos y colorados. Y medios como El Pais también la han usado para cuestionar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o, mejor, “ley de medios”.
En este caso no importa el contenido de los cuestionamientos. Las declaraciones de Lorenzo -en realidad las versiones sobre supuestas declaraciones- pudieron ser desafortunadas. Y la ley de servicios de comunicación puede tener problemas, vaguedades, anacronismos. La actitud del gobierno uruguayo con la oposición, sea política o empresarial, o el proceso que condujo a la redacción del proyecto de ley no son comparables de ningún modo con lo que sucede en Argentina.
Mientras en Argentina, Moreno visita y “aprieta” empresarios para lograr “regulaciones voluntarias” de precios, además de interferir directamente en indicadores económicos para que sean más favorables al gobierno, en Uruguay se negoció con la asociación de supermercados para tener una lista de productos con precios rebajados durante un período limitado de tiempo. Además, el Instituto Nacional de Estadísticas goza de prestigio técnico y sus indicadores son creíbles dentro y fuera del país.
El proceso que llevó a la ley sobre medios de comunicación es un capítulo aparte. Digamos solo que las organizaciones de la sociedad civil y las gremiales de las empresas de radio y televisión conversaron durante largo tiempo sobre la redacción del proyecto en un debate abierto que permitió, quizás como nunca antes, conocer la realidad de los medios en el país. Y el proceso fracasó a pesar de que el propio gobierno cedió en casi todo lo que el lobby de los canales pidió en esa ley mientras al mismo tiempo les aseguraba un canal en la nueva televisión digital sin contrapartidas y limitando al principal competidor del sector, Directv.
Poco cambiará con la ley resultante. Mientras se abría un debate en la sociedad civil por el otro lado el Poder Ejecutivo iba cediendo ante las presiones de los grandes medios. Nada menos comparable al proceso argentino. No estoy defendiendo lo hecho por Cristina Fernández, digo solo que no se puede comparar con lo hecho por José Mujica.
Mientras en Argentina se funciona por la imposición y la reacción, en Uruguay se negocia hasta extremos casi absurdos. Forma parte de las distintas idiosincrasias e historias políticas de los países. Que la oposición no logre meterse en esa negociación en medio de la legítima mayoría parlamentaria del gobierno es responsabilidad de las estrategias que delinean, también legítimamente, sus dirigentes.
Agitar cucos no parece la forma de poder meterse. Pero además cansa porque no somos como “la Argentina”, es verdad. El gobierno se encarga de decirlo en cada oportunidad que tiene. La oposición debería tomar nota.
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