“Los unía el desprecio por la vida de aquellos que consideraban sus enemigos”, dice el fallo que es la primera condena contra militares y policías que participaron en la represión desplegada por la dictadura uruguaya, en coordinación con las otras que padeció la región en los años setenta y ochenta.
Charles condenó a 25 años de prisión a los militares retirados José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge “Pajarito” Silveira, Ernesto Avelino Ramas y Gilberto Vázquez. Por su parte, el coronel retirado Luis Maurente y los ex policías Ricardo “Conejo” Medina y José Sande Lima fueron sentenciados a 20 años de prisión.
En todos los casos, la tipificación fue de 28 delitos de homicidio especialmente agravado en reiteración real. Se desestimó el delito de desaparición forzada, planteado por la fiscal del caso, Mirtha Guianze. El juez entendió que los 28 militantes del PVP trasladados desde Buenos Aires en 1976 están muertos.
Los militares y policías, entonces, fueron encontrados culpables de los homicidios de Adalberto Soba Fernández, Alberto Mechoso Méndez, Rafael Lezama, Miguel Moreno, Casimira Carretero, Juan Pablo Recagno, Washington Queiró, Walner Bentancour Garín, Carlos Rodríguez Rodríguez, Rúben Prieto, Juan Pablo Errandonea, Raúl Tejera, Mario Cruz Bonfiglio, Armando Bernardo Arnone, Washington Cram, Cecilia Trías, Segundo Chejenian, Graciela Da Silveira, Victoria Grisonas, Roger Julien, María Emilia Islas, Jorge Zaffaroni, Josefina Keim, Juan Miguel Morales, Ary Cabrera, León Duarte y Gerardo Gatti, recuerda La República.
El matutino accedió a la sentencia de Charles que es contundente al describir la coordinación represiva entre las dictaduras en el marco del Plan Cóndor y los métodos utilizados por sus actores que sometían a los secuestrados “a las más aberrantes formas de degradación en su condición de personas humanas”.
“Los encausados configuraron un grupo que operó al margen del control jurisdiccional de cualquier tipo, dentro y fuera del territorio de la República, sin sujetarse a manuales de procedimiento ni regla alguna, en operaciones coordinadas tendientes al mismo fin, ya que en forma organizada y con carácter estable, se concertaron para emprender un accionamiento común de carácter ilícito", dice el fallo según el matutino. En ese contexto, “como manos ejecutoras del terrorismo de Estado, vulneraron no sólo manuales de procedimientos, lo que poco importaría, sino fundamentalmente derechos inherentes a la persona humana, utilizando para ello métodos degradantes", agregó Charles.
La causa contó con 107 testimonios, 19 careos y muchas pruebas documentales. Una de ellas fue el informe de la Fuerza Aérea, entregado al presidente Tabaré Vázquez en agosto de 2005, que reconoció la existencia de dos vuelos en los que se trasladó a detenidos en Buenos Aires hacia Montevideo, los días 24 de julio y 5 de octubre de 1976".
