Por primera vez en la historia del país, Presidencia solicitó un expediente de la Dirección General Impositiva (DGI). Se trata del que involucra al empresario Francisco Casal. Poco tiempo después de que se enviara a Presidencia, el caso tomó estado público con detalles del expediente y de las resoluciones.
En los últimos días trascendió también que el Estado busca un acuerdo con Casal para evitar que el empresario le haga un juicio millonario. Según fuentes del gobierno, lo que Casal busca es quedar limpio y asegurarse presencia en el negocio de la televisión digital.
Ante esta situación los funcionarios de la Dirección General Impositiva escribieron una carta que hicieron circular internamente y a la que tuvo acceso 180.
En el documento, titulado “Situación de los funcionarios de la DGI frente al tema Casal”, los funcionarios hacen varias puntualizaciones.
Dicen que “no existen fallos judiciales a favor de Casal” y argumentan que los dos fiscales de Presidencia que se expidieron dieron “dictámenes técnicos no preceptivos ni vinculantes” por lo que tienen el mismo valor que un dictamen de cualquier funcionario técnico de la DGI.
Se agrega que hasta el momento solo hay fallos judiciales a favor de Impositiva. “En total cuatro jueces del Poder Judicial fallaron a favor de la DGI diciendo que había una apariencia de buen derecho”.
La carta de los funcionarios de DGI indica que en “sede penal no se expidió el juez de la causa” y que si bien el perito contador dijo que no había defraudación sí aseguró que “había un grupo económico y se debían impuestos”.
La carta menciona que los profesores de la Universidad que se expresan a favor de Casal “son contratados y sus honorarios son abonados por Casal”.
El Ministerio de Economía y Finanzas “avaló expresamente” el procedimiento. “El recurso jerárquico dejó sin efecto la multa por defraudación y disminuyó el monto de los impuestos liquidados por la prescripción. Mantuvo que se debían impuestos”, dice la carta.
“Al momento de decidir el recurso jerárquico en el MEF, no hubo un pronunciamiento de la asesoría letrada del ministerio. Se dijo que no había ningún funcionario capacitado para hacerlo. Se contrató al estudio Guyer & Regules para que se pronunciara (un particular externo al MEF que tiene varios juicios contra la DGI)”, expresan los funcionarios.
En la carta dicen que los fiscales de Presidencia aseguran que los funcionarios de la DGI actuaron por impulso y no por la razón, que hubo desviación de poder, mala aplicación del derecho, irregularidades formales en el procedimiento, que los funcionarios tienen que ser investigados para determinar su responsabilidad, que los funcionarios deben responder con su patrimonio personal en caso de que Casal haga un juicio al Estado y lo gane.
“Los funcionarios actuaron cumpliendo con sus funciones correctamente y ahora se los pretende responsabilizar”, dice la carta que termina con una pregunta: “¿Qué tranquilidad puede tener el funcionario de trabajar en futuras actuaciones (informar, dictaminar, hacer pases, notificar, auditar, etc) si luego puede ser sometido al escarnio público, procedimientos disciplinarios y amenazas de perder sus bienes?”.
