La denuncia se presentó en el Juzgado del Crimen Organizado y está a cargo del juez Néstor Valetti, en el juzgado de primer turno.
Quien presentó la denuncia fue el colectivo Cotidiano Mujer y argumentó que las trabajadoras estaban ilegales y eran extorsionadas con esa condición. Además, se sostiene que los empleadores se encargaban de deportar a las que no estaban de acuerdo con las condiciones.
Las trabajadoras fueron contactadas a través de una agencia en Bolivia. Durante el verano, algunas fueron llevadas a Punta del Este. Allí había noches de fiesta, entre ellas cumpleaños de políticos importantes, que terminaban a las 3 de la madrugada. Igual, al otro día debían estar levantadas a las siete.
La denuncia llegó a Cotidiano Mujer porque algunas bolivianas deportadas por los empleadores para volver a su país no quisieron irse y denunciaron la situación.
"Ellos mismos se encargaban de llevarlas a pagar la multa a migraciones, sacarles la tarjeta de salida y colocarlas en un ómnibus hasta Buenos Aires. Después, que se arreglaran como pudieran. Ellas decidieron no salir del país porque no conocían a nadie en Argentina y recurrieron a nosotras, que las ayudamos a configurar la denuncia. Ahora, la estamos haciendo pública porque nos parece inadmisible que existan personas que actúen de esa manera con quienes hacen el trabajo de su casa", dijo a No toquen nada Lilián Celiberti, integrante de Cotidiano Mujer.
No toquen nada estuvo con una de las trabajadoras, que habló del tema pero pidió reserva. No quieren hacer declaraciones públicas porque sus asesores legales le sugirieron no exponerse más.
La historia
Cotidiano Mujer se enteró de la situación entre abril y mayo de este año. Primero por versiones de ex trabajadoras de esa residencia y luego por las propias trabajadoras.
"A través de otras migrantes nos llegó un llamado de alerta sobre unas compañeras bolivianas, que estaban en un casa donde apenas tenían descanso y no podían salir. Nosotros en ese momento no teníamos cómo llegar a ellas, nos habían pasado algunos informes, hasta que una de las trabajadoras presentó un testimonio. A partir de ahí encontramos testimonios parciales y algunas voces que dan cuenta de una situación de vulneración de derechos laborales", contó Celiberti.
Luego de conocer el caso, se denunció al Ministerio de Trabajo. Hace 15 días, la Inspección General de Trabajo intentó realizar un procedimiento de control en la residencia, pero no los dejaron entrar.
Por primera vez, tuvieron que apoyarse en la ley 18.065 sobre el trabajo doméstico y solicitar la orden del juez para ingresar a la vivienda, como lo marca el artículo 13.
Entraron al otro día, acompañados de la policía y antes de las 72 horas que le corresponden, los empleadores presentaron la documentación. El Ministerio de Trabajo todavía no concluyó la investigación.
El colectivo Cotidiano Mujer hizo público el tema y envió un comunicado a todos los medios.
Además, se hizo la denuncia en la Justicia porque consideran que hay "un patrón de comportamiento en perjuicio de mujeres bolivianas que vienen a Uruguay para desempeñarse como trabajadoras domesticas".
"Las situaciones se verifican en tres residencias, una en Carrasco, otra en Pocitos y una más en Punta del Este. Todas están dirigidas por Natalie Manhard y lo que nosotros sabemos es que esta situación se repetía con todas las trabajadoras, por eso hablamos de un patrón de procedimiento, que fue igual para las trabajadores que estuvieron antes, porque fueron puestas en un ómnibus y ahora están en Bolivia", contó Celiberti.
Un caso único
Cotidiano Mujer señala en el comunicado que “si bien la decisión de migrar es un derecho humano fundamental, en este caso puntual, las mujeres bolivianas son traídas a Uruguay con una promesa de trabajo y su condición migratoria irregular es un pretexto para vulnerar sus derechos, reconocidos y protegidos constitucionalmente”.
El régimen de trabajo de estas mujeres era de siete de la mañana a 23 horas.
Algunas que realizaban tareas de limpieza cobraban 550 dólares mensuales y el personal de cocina 700 dólares. No tenían aguinaldo, salario vacacional y tampoco descanso semanal de día y medio. Trabajaban de lunes a lunes y sólo en un día tenían cuatro horas de descanso.
El salario mínimo es de 42 pesos por hora y las trabajadoras bolivianas ganaban 45 pesos.
Cotidiano Mujer, en lo que va de este año, habló con más de 100 trabajadoras domésticas migrantes y nunca encontró un caso similar.
"Hemos escuchado testimonios de otra naturaleza, siempre esta tensión entre que me descuentan tal cosa o me acusan de tal otra. Pero de este tenor es el único que encontramos, con la violación sistemática de derechos y además con el discurso de 'yo te doy todo porque te pago 500 dólares' y con la recriminación de que 'no encontrarás a nadie en Uruguay que te pague mejor que yo'", dijo Celiberti.
