Por Martín Fernández Chiossoni, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur)
Dicha reunión tomó el trabajo de la reunión de la sociedad civil con varios Ministerios de Justicia, Educación e Interior del Mercosur y Estados Asociados realizada en el mes de mayo, la que había generado un documento de trabajo para los Ministros.
La Declaración de Buenos Aires sobre el Desarme de la Sociedad Civil, implica sin más, la expresión política al más alto nivel en la región de la idea que hace más de 15 años viene trabajando la sociedad civil organizada. Un trabajo que intenta mediante un trabajo serio y científico lograr demostrar los peligros asociados a la tenencia de armas por parte de la sociedad. Un trabajo que intenta reducir, mediante la comprensión integral de la problemática de la violencia armada, las muertes por armas de fuego en el mundo entero y especialmente en Latinoamérica que aporta la espeluznante cifra de 42% de los muertos por arma de fuego. Pero la comprensión integral no basta, es necesaria la voluntad política de llevar adelante una política de desarme seria y consciente.
Si existe algo constante en las armas de fuego es su vinculación a la muerte y a la resolución violenta de conflictos, en su mayoría interpersonales. Sin lugar a dudas existen excepciones y quizás en alguna oportunidad la utilización de un arma haya salvado de algún peligro a alguien. Pero estadísticamente la regla es que las armas incorporadas a los hogares no terminan siendo usadas contra la delincuencia sino en muertes entre la familia (suicidios, accidentes) a cuyos tremendos recuerdos no es necesario recurrir. También claramente son usadas en homicidios, ejerciendo violencia –real o simbólica- contra las mujeres incrementando sensiblemente la violencia en el hogar, o para matar al vecino, o al del cuadro contrario y también al que nos insultó en el tránsito. Por otra parte la presencia del arma en un posible enfrentamiento complica la situación ya que quien vaya a una casa con un arma tomará –si o si- a sus moradores desprevenidos y seguramente entre sin anunciarse en la puerta, por lo que es equivocado asumir el riesgo de tener un arma en casa la que con seguridad proveerá de más armas a quienes delinquen ya que las armas se encuentran entre los bienes más preciados para robar por su valor y facilidad de cambio.
Esta es la regla, y al decir del experto brasileño Antonio Bandeira, la política pública se hace de acuerdo a la regla y no a la excepción. Ninguna política sanitaria, económica, laboral se diseña de acuerdo a las excepciones, se diseñan de acuerdo a la regla. ¿Por qué habría de ser esta la excepción?
Por otra parte debe destacarse que nuestro país se encuentra en el debe de la tipificación de varios delitos de tráfico de armas que están evidentemente vinculados al poder y la corrupción –obligación asumida desde 2001 y reasumida al aprobar el protocolo de Palermo contra el tráfico de armas-. Llama la atención la lentitud en la tipificación, siendo que para legislar por agravantes de hurto o la internación compulsiva de consumidores de sustancias las voluntades políticas se encuentran más temprano que tarde.
Evidentemente pedir desde el Estado que la sociedad se desarme implica dos cuestiones fundamentales: re-asumir la gestión de la seguridad desde una perspectiva democrática brindando seguridad mediante una policía democrática, efectiva y eficiente y un sistema de justicia que brinde garantías a víctimas e indagados y; por otra parte el Estado debe garantizar que las armas entregadas serán destruidas, que no volverán mediante el desvío y la corrupción a manos incorrectas.
Luego de esta Declaración, parecería ser el momento oportuno para que de una vez por todas Uruguay asuma la problemática de la violencia armada y las graves afectaciones que causa a los derechos de las personas y comience a transitar el camino del desarme de la sociedad civil.
Documentos adjuntos:
 Declaración de Buenos Aires. |
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