El director de Rentas, Pablo Ferreri, dijo a No toquen nada que en 2006 se comenzó a inspeccionar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa. En esas inspecciones, se entendió que Cash tenía un ropaje jurídico inadecuado ya que se trataba de una empresa comercial que se presentaba como cooperativa para evadir varios impuestos.
Según Ferreri, eso no solo atentaba contra la recaudación de la DGI sino también contra la competencia en el mercado. “La cooperativa no respetaba el criterio de reparto de rendimiento, no se distribuía en proporción a las operaciones realizadas como está legalmente requerido para ser una cooperativa. Se concentraba el capital social en un reducido número de socios, lo cual no se corresponde con los fundamentos cooperativos y tampoco se respetaba el principio de control democrático”, expresó.
Cash es una de las varias firmas que se dedica a los préstamos al consumo en el Uruguay, un sector que ha tenido un crecimiento fuerte en los últimos años y que en muchos casos ya forma parte del negocio de los bancos, que compraron varias de las firmas líderes.
Atendiendo la dimensión y el poder económico de la empresa, Ferreri dijo que en este caso la DGI fue especialmente severa. “Son empresas de primer nivel, con un gran poderío económico, que pueden contar con el mejor asesoramiento técnico de plaza. En vez de utilizarlo para desarrollar negocios genuinos, lo ponen al servicio de la evasión de impuestos y por eso queremos ser especialmente estrictos”, dijo.
El fallo de la DGI fue ratificado por el TCA por unanimidad. El monto defraudado a la DGI no es de 20 millones de dólares. En realidad esa es la cifra que se alcanza cuando se incorporan recargos por mora y multas. Además, los responsables de la maniobra tienen abierta una causa en la justicia especializada en crimen organizado
Cash sostiene que hoy las cosas son diferentes
La cooperativa Cash seguirá funcionando a pesar de las sanciones. Rubens Ponzio, gerente de relaciones institucionales de la cooperativa, dijo a No toquen nada que la cooperativa acata el fallo del TCA y que ya pidió una reunión con el director de Rentas para conversar sobre la forma de pago.
Ponzio reconoció que había cosas que no estaban de acuerdo con el funcionamiento que debería tener una cooperativa en el período al que refiere la resolución. De todas formas, señaló que hubo un cambio radical a partir del año 2001. “El punto de inflexión indiscutido es a partir de la intervención judicial, a principios del año 2002. No es arbitrario que el periodo analizado haya sido hasta 2001, porque a partir de ahí las autoridades de la cooperativa no tuvieron injerencia durante un tiempo a instancias de esta intervención judicial. Se dio un cambio que se consolidó a lo largo de estos años”, afirmó.
En Cash causó malestar que las afirmaciones del director de rentas, Pablo Ferreri, hayan sido en presente. “Creo que sin mala intención, pero de manera inadecuada, se está utilizando el tiempo verbal presente, cuando en realidad, el tribunal diría entre líneas ‘en aquella época la cooperativa era tal o cual cosa’”, expresó.
Ponzio dijo a No toquen nada que esa forma de plantear la situación ya generó consecuencias y en caso de quedar definitivamente instalada podría perjudicar el funcionamiento de una entidad que, para poder pagarle a la DGI, tiene que seguir trabajando en el mercado.
