Quian participó del “Primer Seminario Internacional: Decisiones judiciales, relación médico paciente y políticas de salud”. Su presentación se tituló “Una relación conflictiva” y estuvo acompañado por la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Elena Martínez.
Una parte de las palabras de Quian en este evento generaron un comunicado de rechazo del Colegio de Abogados, pero el centro de la exposición del subsecretario fue la industria farmacéutica y un posible abordaje al acceso a medicamentos de alto costo.
Conflicto entre el MSP y Poder Judicial
Uruguay destina el 9,2% de su Producto Bruto Interno a gastos en salud. Los recursos se distribuyen en los procedimientos médicos y los fármacos que se dan a los usuarios de manera universal. Quian dijo que el presupuesto del Ministerio de Salud Pública (MSP), “por más grande que sea, es finito y se gasta dentro de ese límite”.
En este contexto, las acciones de amparo por acceso a medicamentos que no están contemplados son un gasto por fuera de lo previsto. En 2011, se presentaron ocho acciones de este tipo, pero con el paso de los años los reclamos crecieron y en 2017 llegaron a 131. Esto le significó un costo no planificado de 5.314.000 dólares al MSP.
El conflicto, según el MSP, es que por decisiones judiciales se ve obligado a gastar un dinero que no tenía previsto en el destino de su presupuesto.
Industria, patentes y “el abuso gigantesco”
Quian habló de los actores relacionados con este conflicto en los 15 minutos que duró su exposición y la industria se llevó la parte más extensa. El foco fue la ventaja que tiene a partir del uso de las patentes, un derecho de exclusividad que les corresponde por haber investigado y desarrollado determinado fármaco.
“Los medicamentos no son de alto costo, como se dice habitualmente, son de alto precio y lo fija la industria a su real saber y entender. Yo no me quiero detener mucho tiempo a contarle las anécdotas que tenemos en el ministerio sobre la oferta de medicamentos de alto precio. Cuando aparece un genérico ese alto precio se derrumba rápidamente de la mañana a la tarde en las ofertas que se le hacen al MSP. Estos medicamentos están protegidos por una ley de patentes que hacen que muchos medicamentos tengan durante un largo tiempo, hasta 20 años, protección de esa industria para evitar la aparición de genéricos. Este es un problema que tiene Uruguay y muchos países del mundo, porque entre las estrategias de la industria para enfrentar la situación está retardar la aparición de genéricos ¿Cómo se hace eso? Muchas veces con un pequeño cambio en la fórmula se extiende la ley de patentes y se vuelve a tener 20 años de patente, pero el medicamento no mejoró, simplemente cambio”, dijo.
Luego, Quian aclaró que no quería usar términos propios porque ya tuvo problemas con la industria en el pasado y, entonces, citó una resolución del Tribunal Supremo de India y su negativa a defender la patente de un medicamento para el cáncer. El caso está relatado en un capítulo del libro La Gran Brecha del Nobel de Economía (2001) Joseph Stiglitz.
“Me parece que esto es un abuso gigantesco que sufrimos los países. Recurrí a algunas frases de Stiglitz cuando se refiere al fallo del tribunal en India sobre la patente del Gleevec Imatinib, un exitoso fármaco desarrollado por el gigante suizo Novartis. Es una buena noticia para muchas personas de ese país que padecen cáncer, tanto desde el punto de vista económico como desde la política social. La decisión del tribunal indio es sensata, de no reconocer la patente y sacar su genérico. Solo se trata de un esfuerzo focalizado para equilibrar un régimen de propiedad industrial muy escorado hacia los intereses farmacéuticos a expensas del bienestar social”, expresó.
Médicos, abogados y la polémica
Quian también habló de los médicos, su relación con la industria y de cómo esto incide después en las decisiones de los jueces.
“Una de las maneras de trabajar que tiene la industria es con el cuerpo médico, a través de congresos, viajes y múltiples formas para tratar de concientizar el nombre de un medicamento. Esto es muy importante y también tiene que ver con la justicia, porque muchas veces los juicios de amparo no dicen que el MSP le tiene que dar tal medicamento a una persona por el nombre químico, exigen el nombre comercial. Y eso, que en medicina sabemos que es un error, muchas veces se transmite a la justicia en forma equivocada”, sostuvo.
En el final de su presentación, Quian dijo la frase sobre la relación de algunos abogados con el conflicto que hoy tiene el MSP con la Justicia. “Nos quedaba el último actor y como verán empecé por los médicos, así que ahora con un poco más de espaldas puedo referirme a los abogados y al Poder Judicial. Nosotros estamos convencidos de que así como hay médicos que se dedican a ciertas actividades que no son de las más correctas o adecuadas, hay abogados que trafican con sus influencias con estos pacientes. Estamos convencidos de eso y nos parece que lo tenemos que decir explícitamente. Traficar con la angustia y el miedo a morir es muy problemático. Esta jornada tiene que servir para reflexionar sobre lo que nos está pasando entre la medicina, el poder judicial y los abogados del país”, expresó.
Después, el jerarca citó una resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en la que se consideró que el Estado tiene el deber de proporcionar medicamentos de alto costo avalados por un médico aunque no estén cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos.
Este fallo tuvo una discordia planteada por la actual presidenta de la SCJ, que acompañó a Quian en la exposición, y el subsecretario de Salud Pública la utilizó para cerrar su presentación.
“Dice la Organización Panamericana de la Salud que las acciones judiciales generan dificultades en la priorización y la distribución equitativa de los recursos para medicación y el uso de otras tecnologías sanitarias. Me gustaría que a este mensaje lo tuvieran todos los compañeros abogados cuando tomen una resolución, que piensen que esto puede distorsionar el gasto en salud ¿Estamos en el buen camino? Hay algo escrito por el Poder Judicial que dice así: No puede perderse que a las políticas de salud las define el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, entre otros, porque en ningún país hay recursos suficientes para todas las necesidades de todas las personas. Se requiere pues una decisión política que opte por atender lo que se considera más conveniente a través de decisiones que contemplen en el mayor grado de su posible extensión el interés general y el principio de igualdad, por un lado, y la sustentabilidad del sistema por otro”, afirmó.
