En diciembre de 2013 se había aprobado una reglamentación que en los hechos se fiscalizó solo seis meses por disconformidad y quejas de la Industria. Esta nueva resolución quedará efectiva esta semana y provocará cambios en el diseño de la etiqueta, que se espera que pase de un triángulo amarillo con una T negra a un círculo blanco, con una T en azul, que tendrá una inscripción que diga “contiene organismos modificados genéticamente”.
La directora de Desarrollo Social, Fabiana Goyeneche, admitió a No toquen nada que aún existe esa disconformidad de la industria y que algunos actores se siguen resistiendo.
“Sentimos que hay una disconformidad por parte de la sociedad civil que demandaba que esto se implementara con más rapidez y eficiencia, que es totalmente comprensible, pero a veces los tiempos no son los que una quisiera. Seguimos encontrando alguna que otra resistencia en actores de la industria y el comercio pero no son la mayoría”, dijo Goyeneche.
La chef Laura Rosano, coordinadora nacional de la asociación Slow Food que participó de la discusión del tema con la Intendencia de Montevideo, dijo a No toquen nada que recibían la noticia con alegría pero también con un poco de rabia por constatar el poder de la industria para demorar la determinación.
“Me da mucha alegría pero rabia también, por todo el tiempo que nos hicieron perder. Esto fue aprobado en 2013 y lo que me doy cuenta es que la industria tiene una fuerza muy grande, porque pasa por arriba un decreto ya aprobado, lo hizo dar marcha atrás casi por dos años”, indicó Rosano.
El proyecto dice: alimentos que provengan de organismos genéticamente modificados o que contengan ingredientes producidos a partir de estos que superen el 1% de material modificado genéticamente respecto a la especie vegetal considerada individualmente.
Aunque en Uruguay las materias primas por la que los productos deberán ser etiquetados son el maíz y la soja, los productos que se estima que llevarán esta marca son varios: galletitas rellenas, barritas de cereales, refrescos, mayonesa, ketchup, polenta, aceite de soja, maicena, pulpas de tomate, postres lácteos, quesos untables, cervezas, yogures, golosinas y hasta chicles.
Goyeneche detalló que la industria ha mantenido el diálogo en buenos términos pero no descarta un cambio cuando la Intendencia no se detenga en un intención de fiscalizar y sancionar a quienes no cumplan: “Hasta ahora ha sido en muy buenos términos. Yo me imagino que hay un poco de expectativa de ver si la IM efectivamente termina implementando esto y fiscaliza y sanciona, sin ceder ni dar el brazo a torcer ante el interés de que esto se detenga, que sigue estando. Veremos luego de que vean que no solo no cedemos sino que vamos a profundizar este tipo de cosas, veremos si seguimos por los caminos de diálogo o si inician otro tipo de acción”.
La directora de Desarrollo Social también destacó que uno de los desafíos por delante es que la industria respete la normativa voluntariamente y no solamente como forma de evitar las sanciones, que empezarán a regir luego de seis meses.
“El primer desafío es procurar que las empresas acompañen este proceso y lo implementen antes de fiscalizar y sancionar. Nosotros apostamos a que se aplique voluntariamente. En segundo lugar, habrá que agudizar la fiscalización para que la norma se cumpla y no sancionar por sancionar”, explicó.
Laura Rosano hizo hincapié en la importancia de informar sobre opciones agroecológicas.
“Hay que seguir trabajando en la educación. La gente tiene que saber de qué se trata este etiquetado y que en Uruguay se cultivan productos agroecológicos que respetan la naturaleza y que pueden estar al alcance de todos cuando hay buena información y trazabilidad del alimento”, concluyó.
