El proyecto de ley que envió la Presidencia al Parlamento extiende las medidas tomadas en la etapa presumarial de las investigaciones por temas relacionados con el lavado de activos “hasta la conclusión de la causa”. Estas investigaciones se realizan en los juzgados del Crimen Organizado.
De aprobarse, la ley tendría incidencia directa en la causa contra los dueños de la empresa Full Play, los argentinos Hugo y Mariano Jinkis, y podría mantener por tiempo indeterminado el embargo que impidió el pago del contrato de televisación a la AUF por los partidos de la selección en Eliminatorias.
La causa de los dueños de Full Play se inició en 2015 y ambos empresarios fueron embargados a pedido de Estados Unidos, que los acusaba de pagar sobornos a dirigentes de la Conmebol. Luego, Full Play tuvo otro embargo, pero esta vez a pedido de la Mutual en la causa contra Eugenio Figueredo y otros dirigentes de Conmebol. Este embargo fue el que impidió realizar los pagos a la AUF por el contrato de televisación de los partidos de la selección e incluso hizo peligrar el contrato entre Full Play y la AUF.
El proyecto de Presidencia modifica la disposición actual que hoy únicamente permite mantener las medidas cautelares, como los embargos, hasta dos años después de iniciado el proceso. El presumario es la etapa previa al inicio del juicio penal, donde se reúne la prueba, pero ni siquiera se llegó al auto de procesamiento. Eso es lo que pasó con esta causa, que no salió del presumario porque los involucrados no vinieron a declarar a Uruguay y en nuestro país está prohibido el juicio en rebeldía. Tampoco fueron extraditados a Estados Unidos porque el Poder Judicial argentino no lo autorizó.
De mantenerse el embargo en este caso, la AUF no podrá recibir el dinero del contrato que tiene con Full Play y si este contrato cae, con él lo haría la cláusula de prioridad que permite renovar el vínculo entre ambos. En resumen, quedaría el terreno libre para que Tenfield recupere los derechos de los partidos de la selección uruguaya que perdió durante la presidencia de Sebastián Bauzá.
¿Las razones de Presidencia?
Presidencia dice -en la exposición de motivos- que la modificación legal propuesta se enmarca dentro de la lucha contra el lavado de activos y el respeto a compromisos internacionales.
También explica que las sedes judiciales que tienen como objetivo investigar estos temas (refiere al Crimen Organizado) acumulan trabajo que les dificulta enjuiciar a los involucrados con la premura deseada y por esto la medidas cautelares pueden caer a los dos años de la etapa presumarial. Esto es real, son causas complejas que llevan tiempo y son solo dos juzgados, pero esta modificación de los plazos es cuestionada por diferentes actores que hoy integran el gobierno más allá de este caso particular.
Además, se propone a través de un artículo descolgado que la Presidencia envió justo en el momento que están por cumplirse dos años del primer embargo a Full Play por pagos a la AUF y algunos meses después de que la misma Presidencia envíe al Parlamento un proyecto de ley que modifica y actualiza la normativa sobre lavado de activos.
Ese proyecto de 78 artículos se envió el 28 de noviembre de 2016 y dice en su exposición de motivos que comprende dos grandes pilares: por un lado, la compilación de todas las normas vigentes en materia de lavado de activos y por otro, procura introducir las modificaciones normativas que resultan imprescindibles para superar algunas carencias que actualmente presenta nuestra legislación y elaborar un sistema antilavado robusto en el que los criminales cuenten con menos margen de actuación.
Ahora, sin más explicaciones, se agrega esta modificación de los plazos en un proyecto de un solo artículo, que extiende las medidas cautelares de manera arbitraria y las hace depender del avance de cada causa y de cada actor judicial que actúe en ella.
