Por Orlando Milesi (IPS)
La presidenta Michelle Bachelet, promulgó el 11 de noviembre una ley que tipifica los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, hecho que calificó como "un paso decisivo en la prevención y erradicación definitiva de la tortura" en Chile.
"Está bien que se promulgue (esta ley) y que a nivel nacional pueda prevenirse la tortura, que es lo exigido por Naciones Unidas. Pero para nosotros no significa nada", comentó Luzmila Ortiz a IPS.
Ortiz es pareja del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jorge Fuentes, detenido en Paraguay en mayo de 1975 y entregado en septiembre siguiente a la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), la policía política de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
La Dina lo repatrió a Chile, donde el sociólogo fue torturado y luego desaparecido en enero de 1976, dentro de la Operación Cóndor, un plan coordinado de las dictaduras militares del Cono Sur americano que incluía la vigilancia, detención, tortura, traslado a otros países, desaparición y muerte de opositores a esos regímenes.
"A nosotros nos destruyeron la vida porque esta es una herida que no se cierra mientras no se sepa lo que sucedió con él. Esto es algo atroz y está pendiente no solo para mi sino para mi hijo", relató Ortiz.
Recordó con pesadumbre que en Villa Grimaldi, un emblemático centro de detención ilegal y torturas, "hicieron atrocidades con él. Estuvo preso en una casucha de perro. Es un dolor que uno lo lleva tan profundo y que no se puede superar".
Para Cath Collins, directora del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, la nueva norma es bienvenida, pero "ninguna ley puede, por sí sola, asegurar un ‘nunca más'".
"Para ello se necesitan esfuerzos en muchos ámbitos, entre ellos, en cambiar las culturas institucionales y las prácticas diarias en las Fuerzas Armadas, la policía, Gendarmería (custodia carcelaria) y otras entidades estatales", aseveró.
El "nunca más" fue una demanda de las agrupaciones de víctimas de violaciones a derechos humanos asumida en el informe Verdad y Reconciliación, elaborado en 1991, un año después del retorno a la democracia.
Allí se conceptualizó que no puede haber reconciliación si no se sabe la verdad y que es necesario conocer todos los casos como requisito para que nunca más se repitan violaciones a los derechos humanos en el país.
Collins precisó que, para avanzar en el fin de la tortura, hay que "eliminar todo vestigio de tolerancia o normalización de acciones de brutalidad, casuales o sistemáticas, y romper también con la cultura de la negación e impunidad".
Sin embargo, advirtió, "tampoco basta con intervenciones institucionales".
"Tanto las autoridades como la sociedad civil también debemos educar, y educarnos, a favor de la ética y el respeto, y en contra del autoritarismo, la prepotencia, la agresión y violencia verbal y física que muchas veces invaden nuestras interacciones sociales y relaciones diarias", explicó la experta.
Pese a sus limitaciones, la ley permite a Chile presentarse con esta tarea hecha, cuando el 10 de diciembre se conmemore el Día de los Derechos Humanos, que este año precisamente tiene como tema la necesidad de que todos tengan un papel activo en la defensa de los derechos de los demás, parte de la nueva ética que debe crearse en este país, según Collins.
El abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, defensor de numerosas víctimas de la dictadura, sostiene que la nueva ley que tipifica la tortura "protege de mejor manera los derechos fundamentales".
"Cada medida que signifique una ampliación, reconocimiento, protección y garantía de los derechos humanos es una forma de construir ese gran edificio del ‘nunca más'. Reconocer a cabalidad el fenómeno de la tortura como un grave crimen que hay que desterrar y sancionar con penas proporcionales a esa gravedad, es parte de la obligación estatal de no repetición de estos actos en el futuro", comentó a IPS.
Agregó que "el tema de la tortura y los torturados en Chile, ha sido uno de los parientes pobres de esta lucha por hacer respetar los derechos humanos en dictadura. Pinochet cayó preso en Londres por (casos vinculados a) la tortura, mientras en Chile no había juicios (contra él) por esa materia", recordó.
En 2004, la Comisión sobre Prisión Política y Torturas logró que algo más de 40.000 chilenos fueran calificados como víctimas de ese delito.
La cifra es muy inferior al estimado por organizaciones de derechos humanos, que aseguran que medio millón de chilenos fueron víctimas de tortura durante la dictadura, afirmó el jurista.
Los muertos por violencia política durante la dictadura militar fueron 2.920, los desaparecidos 1.193, los torturados 40.280 y los exiliados un millón, según recuentos institucionales. De los desaparecidos, se han identificado los restos de 167, según el Instituto de Medicina Legal.
Para Leopoldo Montenegro, miembro del espacio de memoria de Londres 38, otro emblemático centro de detención ilegal y torturas de la dictadura, la nueva legislación tiene una "relevancia absoluta".
Pero, a su juicio, aún prevalece "la carencia por parte del Estado de tomar decisiones fuertes respecto a temas de justicia, restitución, reparación y medidas de no repetición".
Montenegro explicó a IPS que la nueva ley tiene un impacto preventivo, pero para el ‘nunca más' el elemento más importante tiene que ver con la justicia. Eso requiere "que los tribunales acojan las querellas de las víctimas de tortura y castiguen a los culpables. En ese sentido solo ha habido resoluciones simbólicas", señaló.
Destacan dos sentencias dictadas por el juez Alejandro Solís en los casos de 23 sobrevivientes de Villa Grimaldi, ahora convertido en un Parque por la Paz y memoria, y otros 19 de Tejas Verde, otro centro ilegal de detención y tortura.
Caucoto resaltó como positivo el anuncio de Bachelet de crear un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, "el que le es exigido por el Protocolo facultativo de la Convención (internacional) contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes".
"Es importante su creación pues no existe en Chile algún órgano con las facultades necesarias para prevenir la tortura. Hay que anotarlo como un gran avance", aseveró.
Montenegro, en tanto, abogó por que se adopten medidas para crear condiciones de una política de "nunca más" y advirtió sobre la falta de voluntad del Estado "para llevar adelante políticas públicas de justicia respecto de los crímenes cometidos en la dictadura".
Para Collins "el ‘nunca más' requiere un giro cultural, y un cambio de nuestra mentalidad, en relación a eliminar la aceptabilidad de infligir violencia o tolerar pasivamente que se inflija en nuestro nombre. No importa que se trate del opositor político de antaño, o del supuesto ‘delincuente' de hoy".
Un informe anual del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior indicó que al 1 de diciembre del 2015 había 1.048 causas abiertas en los tribunales por violaciones a los derechos humanos.
Los exagentes de la dictadura procesados son 1.373, de los cuales 344 están condenados. Hay 177 en prisión efectiva, 58 con beneficios extracarcelarios y seis en libertad condicional.
Mientras tanto, Luzmila Ortiz carga con su drama y con la enfermedad sicológica de su hijo, hoy de 45 años, "quien tenía dos años y medio cuando fue testigo de mi detención (cuando allanaron su hogar en búsqueda de su pareja) después de ser separado de su padre. Él está dañado desde entonces", dijo.
Su caso, rechazado por la justicia chilena, está pendiente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos "donde hay muchos otros procesos y prácticamente ya no hay esperanzas".
"Siempre hay mecanismos legales para proteger a quienes fueron los autores", lamentó. Para ella, "lo importante es levantar la protección que sigue vigente de los torturadores".
