Esta costumbre de fingir transparencia no es nueva. En los últimos 20 años los partidos políticos le ataron las manos a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Junta Anticorrupción ) y a la Corte Electoral.
Cuando se votó a fines de 1998 la ley 17.060, que creó la Junta Anticorrupción, los legisladores se encargaron de borrar del texto la posibilidad de fiscalizar e investigar. El resultado fue un organismo cuya función principal es guardar declaraciones patrimoniales. Diez años después, cuando en 2009 se voto la ley de partidos políticos, los legisladores armaron el mismo paquete y se aseguraron que sea imposible investigarlos. Con esta normativa, vigente, hoy, la Corte Electoral recibe las declaraciones de financiamiento de las campañas como un actor decorativo ya que no tiene ninguna capacidad de investigar lo que se declara.
Los que ahora gritan saben que esa ley de partidos políticos, la 18.485, es una farsa en materia de transparencia de financiamiento político. Los partidos declaran cualquier cosa, violan la normativa de forma flagrante y no pasa nada. Incluso se denuncia públicamente que la violan y tampoco sucede nada. La Corte Electoral no tiene herramientas legales, ni un mínimo financiamiento siquiera, para encarar una investigación de temas ya denunciados.
El año pasado No Toquen Nada coordinó con Fesur (Fredrich Ebert Stiftung Uruguay), Uruguay Transparente y el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica una investigación para analizar las declaraciones juradas presentadas por las listas y las fórmulas en la elección de octubre de 2014.
En uno de los informes se mostró que las declaraciones de ingresos que los partidos y sectores políticos presentaron a la Corte Electoral tienen deficiencias en la forma de declarar ingresos y violaciones de límites. Hay sectores que están muy por arriba del porcentaje de donaciones anónimas permitidas por la ley. El resultado es preocupante: no es claro el origen de 34 millones y medio de pesos de un total de 142 millones de financiación privada declarada. Dicho financiamiento debió ser nominativo, con donantes claramente identificados, pero terminó siendo anónimo. Para que quede más claro: hay un 24% de dinero que recibieron los partidos, que llegó del sector privado que tiene un origen confuso, no está declarado como anónimo pero en los hechos lo es. De esta manera violaron la norma de forma flagrante. Pero no pasó nada.
En un reciente debate en el Senado, el 8 de junio, algunos se animaron al menos a reconocer que la ley no sirve para controlar. Pablo Mieres, del Partido Independiente y Constanza Moreira, del Frente Amplio, hablaron del fracaso del control legal de la ley que se usó en las últimas dos elecciones. Ese día el debate sobre financiamiento terminó con una comisión de nueve miembros para estudiar posibles cambios normativos del financiamiento y la publicidad electoral.
Hasta ahí prácticamente era lo mismo de siempre, el compromiso para discutir un poco lo que después no se plasma en normativas. Pero luego llegó el ataque de transparencia, la locura por mostrarse íntegros. Empezaron a llover en junio proyectos de ley de más transparencia y, al mismo tiempo, declaraciones juradas colgadas en redes sociales.
El senador Mieres redactó un proyecto donde propuso que las declaraciones juradas patrimoniales de los cargos políticos de gobierno sean públicas. Hoy solo son públicas la del presidente y el vicepresidente. El Movimiento de Participación Popular (MPP) salió al mismo tiempo con un proyecto similar que agregaba la declaración jurada de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de licenciatarios y concesionarios de obra pública. El envión del MPP llegó a los privados y con eso se ganaron dos días de prensa.
En medio de este clima agitado aparecieron las declaraciones juradas de los senadores Pedro Bordaberry y Luis Lacalle Pou en redes sociales. Lo que hicieron los líderes de la oposición fue raro. Es un tema demasiado serio para garabatear a las corridas una declaración informal.
Y en el medio de la locura, de este junio transparente, apareció el enojo del presidente Tabaré Vázquez. Molesto con una nota de prensa dijo que cumplía con la ley al presentar por separado la declaración jurada suya y de su esposa, agregó que la separación de bienes que tiene su matrimonio es de 1986. Es cierto que es legal, pero también es cierto que es posible hacerla pública y Vázquez no lo hace. Vázquez se enoja, pero se apega a la ley más que a la transparencia.
Para redondear estas semanas de frenesí transparente, llegó la propuesta de Bordaberry en el Senado: una comisión para investigar “la corrupción en Uruguay” . Es tan ridículo lo que plantea, tan general, que es difícil de interpretar.
Lo que debería quedar claro de todo este alboroto es que no importa que nos cuenten cuán transparentes son. El tema es que no hay un organismo capaz de investigar que sea cierto lo que dicen. Y no lo hay porque no quieren, porque no lo votan.
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