Uber es una empresa de capital de riesgo, que opera a nivel global sobre la oferta y demanda de pasajeros en al menos unas 300 ciudades del mundo. El valor de Uber está en ofrecer a través de su intermediación, un servicio de transporte seguro, eficaz y relativamente beneficioso a los habitantes de estas ciudades a través de una plataforma tecnológica (en sencillo una app, aunque implica mucho más). Al igual que alguna de sus competidoras, Uber certifica que quienes tengan un vehículo cumplan con ciertos requisitos de calidad, y chequea que los servicios se cumplan de forma adecuada, proporcionando una forma de pago segura. Uber funciona muy bien en varias ciudades del mundo e incluso logra cubrir espacios de mercado de transporte no atendidos por el transporte público tradicional. En su natal California, Uber añade mucho valor debido al pésimo sistema de transporte público local.
Pero no todo es fantástico en el mundo de Uber. Dado su modelo de negocio taxistas de varias ciudades del mundo afirman que es competencia desleal. El gobierno francés llegó a enviar a la policía detrás de Uber en París. Menos comentado, pero igualmente preocupante, es el uso que realiza Uber de los datos de sus usuarios, mapeando por ejemplo los “amores de una noche”, y potencialmente exponiendo la privacidad de sus usuarios. Y por supuesto está el argumento central de que en el fondo lo que Uber busca es generar una regulación propia, y que su “disrupción” no es otra cosa que una forma privatización de los sistemas de transporte público en las ciudades. Además está el control que tiene sobre los trabajadores a quienes podría sugerir incluso -a través de sus algoritmos- tomar préstamos para seguir siendo parte del sistema. Uber plantea desafíos regulatorios fuertes a todas las sociedades donde opera, y no en todos lados es bienvenido. No se trata meramente de “innovación”, “cambio” y la irresistible fuerza de la tecnología.
Frente a estas complejidades -como muchas otras que plantea el mundo digital- la respuesta más fácil suele ser: bloqueen a Uber de la internet en Uruguay. Después de todo si impedimos el acceso a la red el problema desaparecerá. El razonamiento es un tanto infantil, pero según esta nota del Diario El País es lo que la gremial de Taxistas ha pedido en Uruguay, y la URSEC (organismo regulador de las telecomunicaciones) estudia dicho pedido. Mucho más cauta, ha sido la reacción del gobierno nacional que ha decidido estudiar el tema de manera global. La nota en cuestión no clarifica demasiado sobre la posición del gobierno y siembra la duda (por ahora injustificada) de que el gobierno quisiera bloquear la internet.
¿Que implica si la URSEC hiciera lugar al pedido de la gremial de taxis? Primero no está claro que esta Unidad del Estado (finalmente una dependencia de Presidencia) tenga tal poder. Segundo, esto pondría a Uruguay en una dudosa lista de países a nivel internacional que bloquean el contenido transmitido por Internet y que incluye a China, Irán y Corea del Norte entre otros. Tercero, esto abriría la puerta para bloquear cualquier otro contenido en internet. Y hacer todo esto implica en el fondo atacar la esencia misma de cómo fue concebida internet -como una red para compartir conocimiento libremente. No solo los taxistas uruguayos se encuentran tentados por bloquear la internet. El gobierno británico ha instalado un filtro contra la pornografía que efectivamente bloquea sitios pornográficos (dependiendo del proveedor) y efectivamente bloque contenidos de otro tipo. El debate en Gran Bretaña es bastante álgido y revela los desafíos de este tema.
Lo que está en juego es la libertad de comunicación, y en el caso uruguayo -dependiendo de la decisión de la URSEC- también estarían involucradas otras libertades y derechos. El bloquear la internet en este contexto (sin un marco de regulación claro) es el equivalente a usar una motosierra para lo que en efecto requiere bisturí.
¿Qué hacer? Separar la paja del trigo. Por un lado la regulación para empresas que prestan servicios de transporte desde Internet debe reflejar un marco más amplio que asegure los derechos de los trabajadores, la seguridad del transporte, el derecho de la empresa a operar e innovar y la protección de los datos personales. Una respuesta del gobierno, de forma unificada sería un camino bienvenido. Internet no es magia y la innovación no trae milagros espontáneos. Los gobiernos pueden y deben regular para asegurar valer reglas justas en los países.
Lo segundo es dejar de querer tapar el solo con un dedo promoviendo bloqueo a sitios cada vez que un interés corporativo es trastocado por la internet, la cual debe ser concebida como un patrimonio común de la humanidad. Bloquear un sitio es cosa seria y debe ser bajos situaciones especialisimas. Aún así, no hay garantías que técnicamente esto sea posible. El ejemplo del Marco Civil en Brasil es un buen caso para pensar qué derechos y qué tipos de decisiones se pueden tomar (o no) con respecto a internet por parte de las autoridades. Es una discusión que debemos dar en Uruguay. No sea cosa que la próxima vez que alguien ofrezca tramitar divorcios online, el Colegio de Abogados también llegue a sugerir bloquear el acceso a internet.
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