La comisión de Bioética asesora al Colegio Médico en asuntos de coyuntura y uno de los temas que eligió para analizar es la relación médico-industria farmacéutica.
“Queremos poner el tema y liderar el compromiso de discutirlo. Hay que resolverlo para los pacientes y el colectivo médico también. Estamos empezando”, explicó a No Toquen Nada José Minarrieta, integrante de la comisión. “Pero todavía no hay avances concretos para regular el conflicto de interés y no está planteado cómo debería hacerse”, agregó.
Minarrieta dijo que el principal interés del médico siempre debe ser el beneficio del paciente. “Curarlo si es posible, si no acompañarlo, tratar sus síntomas. En ese camino, en esa relación médico-paciente, ese debe ser siempre el interés que guíe nuestra atención. Puede haber circunstancias personales en las que uno tenga intereses secundarios vinculados a la industria farmacéutica o tecnológica médica, que no tienen nada de malo en sí, pero el médico se enfrenta a un conflicto de interés, que se tiene que resolver siempre en beneficio del paciente. Es importante que el paciente sepa esto, no estamos diciendo que tener un conflicto sea una falta ética, pero estamos en el límite cuando el médico lo tiene y no lo deja claro, porque esa es la forma en que el paciente puede optar qué hacer, de acuerdo a su autonomía”, expresó.
La Comisión Asesora de Bioética del Colegio Médico recomendó que los médicos declaren si tienen un conflicto de interés, cuando se presente una circunstancia para hacerlo.
El Colegio Médico abordó el tema del conflicto de interés con mayor impulso después de la aprobación del Código de Ética Médica, que es ley desde setiembre de 2014. Allí se establece, por ejemplo, que los médicos que reciban una retribución de cualquier índole por prescribir o utilizar medicamentos podrán ser sancionados.
Dice el Código-Ley en su artículo tres, inciso siete: “La búsqueda de lucro económico u otros beneficios nunca deberá ser la motivación determinante en su forma de ejercer la profesión. Asimismo, no deberá permitir que motivos de orden económico u otros intereses influyan en la recomendación profesional referida a sus pacientes, procurando también que la provisión de medios idóneos de diagnóstico y tratamiento sean éticamente adecuados”.
Esta es la única prohibición legal que tienen los médicos, pero no hay obligación de declarar el conflicto de interés. Minarrieta aclaró que en este caso el deber es ético. “En la relación médico paciente habitual del consultorio, la de todos los días, es un poquito más complejo el tema. Porque declaraciones genéricas no tienen por qué ser conocidas por el paciente y, además, pensamos que sería muy engorroso. Pero sí surge debería ser planteado y si el paciente pregunta el médico tiene la obligación ética de decírselo”, expresó.
Cualquier persona puede denunciar una situación que implique conflicto de interés en el Colegio Médico, aunque hasta ahora no hubo denuncias. El que actúa es el Tribunal de Ética Médica del Colegio.
El colectivo médico en general, hasta ahora, solo tuvo instancias de discusión del tema. La primera de ellas en el primer Coloquio Médico, donde, por ejemplo, se discutió el caso de algunos cardiólogos que recibían 100 dólares por recetar un medicamento. También se presentó un formulario para que los médicos declaren el conflicto de interés y se lo puso a disposición de las instituciones.
Minarrieta dijo que no sabe si alguna institución lo pidió, pero aclaró que todavía no es momento de tener un formulario. “La idea es primero informar a los médicos, que piensen en él, y después se va a definir los mecanismos. Puede haber muchas formas de hacerlo. Sí estamos todos de acuerdo en que el conflicto se debe declarar”, sostuvo.
¿Qué jerarcas del MSP declararon conflicto de interés?
El actual presidente, Tabaré Vázquez, se refirió a este tema durante la campaña electoral. Muchos integrantes del Colegio consideran que el camino es aprobar una ley que obligue a todos los médicos a declarar los conflictos que existan y el presidente Vázquez dijo que estaba de acuerdo.
El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, el día que asumió, aclaró que todos los funcionarios con cargo de jerarquía tendrían que firmar una declaración de conflicto de interés.
Hasta ahora, Basso, la subsecretaria Cristina Lustenberg, los jerarcas del gabinete ministerial y los médicos fiscalizadores hicieron su declaración. El siguiente paso será que los directores de programas hagan la suya. Esta declaración no es obligatoria.