Rodríguez dijo que están trabajando con la DGI, la Inspección de Trabajo, el Banco de Previsión Social y la División Contralor de Semovientes (DI.CO.SE.) para ver de qué forma se puede sancionar.
“Lo que nosotros buscamos es que también se pueda confeccionar un listado, un dossier, y que las empresas que estén incluidas ahí tengan impedimentos para acceder a determinados fondos de inversión y devolución. En el arroz es por ejemplo es millonaria la cifra que se les devuelve para reinvertir”, afirmó.
Esta idea de aplicar sanciones se le planteó a los trabajadores por parte de Juan Andrés Roballo, que trabajó como inspector general de Trabajo y que será subsecretario de Presidencia en la administración de Tabaré Vázquez.
El Sindicato de Peones de Estancia está dentro de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales, que reúne a los demás sindicatos del sector, como por ejemplo los arroceros. Todos tienen representación en el PIT-CNT.
A dos años de su creación algunos trabajadores aún tienen miedo de afiliarse. “Obviamente un peón trabaja pero habitualmente convive en el techo que le proporciona el empleador. Entonces eso genera una presión y una inseguridad al momento de reclamar derechos. Hay un acercamiento bastante más claro de los trabajadores a la organización y de a poco se va naturalizando y legitimando la actividad de la organización”, señaló.
Este sector formó parte de la mesa del grupo 22 de Ganadería en el Consejo de Salarios, donde no se llegó a un acuerdo. Por eso, se votó en mayoría el laudo que rige a las categorías de la ganadería, el arroz y afines y se logró un aumento. Hoy el sueldo nominal del peón es de 14.000 pesos.
Pero después hubo otros puntos en los que no se llegó a un acuerdo, por ejemplo, que el apero (recado de montar) sea proporcionado por el empleador. Esta herramienta cuesta unos 15.000 pesos.
“En el caso de la ganadería históricamente hay una costumbre difícil de quebrar que es que el trabajador llega con su apero a hacer las tareas y no se le paga por concepto de uso ni desgaste. Un apero tiene una duración de ocho meses o un año”, explicó.
Rodríguez dijo que con el trabajo conjunto se mejoró la fiscalización por parte de la Inspección General de Trabajo. Comparó la situación actual con el año 2005, cuando había un solo auto para trasladar a los inspectores en las estancias y dijo que eso se corrigió, pero que todavía falta georreferenciación de zonas para inspeccionar correctamente. Rodríguez dijo que esto es necesario para llegar a zonas donde no se cumplen los convenios. Mencionó el caso del norte del país, que especialmente involucra a los peones rurales.
