"La sentencia en primera instancia le daba un plazo de 15 días para entregar la información solicitada. Como el ministerio apeló eso quedó en suspenso, pero al ratificarse la sentencia comenzó a correr el plazo de 15 días y ya es inapelable", dijo Martín Prats, abogado de CAinfo que patrocinó el caso.
Prats dijo que la solicitud de información es para todo el expediente porque ellos consideran que todo refiere a temas ambientales. En ella se piden datos claves, como por ejemplo, el cronograma de cierre de las minas.
Si el ministerio solicita una excepción, será la justicia quien defina. "La sentencia estableció que se podía considerar excepcional la información que refiere a secretos comerciales o industriales de la empresa, pero que no refiera a temas ambientales. Entonces, ahora que está reafirmada la obligación de entregar el expediente, hay que ver qué entrega el ministerio y si alguna de la información refiere a un secreto comercial o industrial de la empresa. Claro que esa excepción tiene que ser controlada por el Poder Judicial. Entonces, entendemos que entregado el expediente al juzgado haya un control jurisdiccional sobre las excepciones que el ministerio quiera mantener", expresó.
La solicitud de información del proyecto fue realizada por el periodista Víctor Bacchetta, integrante del movimiento Uruguay Libre, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública.
La instancia judicial comenzó el pasado 4 de noviembre y el juez Alejandro Martínez de las Heras falló el 10 de noviembre haciendo lugar a la acción y ordenando al ministerio a entregar la información en un plazo de 15 días a partir de esa fecha. Esta instancia fue en un juzgado letrado en lo contencioso administrativo.
Sin embargo, el ministerio apeló la decisión porque consideró confidencial toda información técnica. La acción pasó a un Tribunal de Apelaciones que ahora dictó su sentencia.
Bacchetta, dijo a NTN que la última vez que pidieron acceso al expediente se llevaron una sorpresa porque le habían sacado la información técnica a pedido de Aratirí. El expediente de Aratirí está en poder de la Dirección Nacional de Minería y Geología y la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
La Dinamige consideró como confidencial toda información técnica. Baccetta dijo que esa información es necesaria para evaluar el proyecto y sus impactos ambientales, sociales y económicos y que clasificar esta información como confidencial es una exageración.
