La Ley de Presupuesto en 2010 estableció un aumento de sueldos para los ministros. Constitucionalmente eso empareja el aumento de magistrados y otros funcionarios del estado.
Los jueces reclaman que en principio esa suba se concretó pero luego se les quitó.
El gobierno decidió en otra ley de Rendición de Cuentas poner tres artículos que desataran el aumento de los ministros al de los magistrados.
"Ese pago ya lo habíamos recibido durante tres meses en el 2011", dijo Míguez.
"Eso se declaró inconstitucional por una corte integrada por otros ministros, del Tribunal de Apelaciones, debido a que la Suprema Corte se encontraba implicada en esta situación", señaló.
"Era una parte relativamente importante para nosotros. En el sueldo de juez que ingresa a la familia, sacarlo así de un tirón, se sintió", contó.
Para Míguez "son derechos fundamentales, sustanciales". "Hay un bloque constitucional que establece que el salario tiene determinadas características, una su intangibilidad, es decir, no lo puedo reducir, no lo puedo bajar, no lo puedo sacar", expresó.
El Poder Ejecutivo tiene voluntad de pagar pero aún no estableció una fecha concreta. "Ese es el punto neurálgico y lo que nos preocupa. Al haberse declarado la inconstitucionalidad, adquiere vigencia todo lo anterior. Los obstáculos que había los movilizamos para que se pueda pagar. Queremos saber específicamente cuándo va a empezar esto", dijo Míguez.
"Esto nos cuesta. Sabemos que es un Poder del Estado y la responsabilidad que tenemos. No queríamos llegar a esta situación", reconoció.
Míguez señaló que "puede haber" un paro general, "es una de las medidas previstas por la asamblea".
