El gobierno de Enrique Peña Nieto, presionado desde dentro y fuera de México, se ha comprometido a esclarecer este crimen que no tiene precedentes conocidos y ha conmocionado al país, en el que 43 estudiantes desaparecieron tras ser tiroteados por policías municipales y sicarios del narcotráfico la noche del 26 de septiembre.
La angustiosa espera por conocer el paradero de los jóvenes ha provocado en los últimos días manifestaciones con decenas de miles de personas en diferentes estados mexicanos.
Este miércoles, cientos de estudiantes de universidades públicas protestaron frente a la fiscalía general en la capital, causando destrozos en las instalaciones.
"¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!", clamaban.
La zona de búsqueda de los 43 estudiantes se amplió este miércoles después de que la fiscalía anunciara que, de acuerdo con las pruebas de ADN, los jóvenes no están entre los 28 primeros cadáveres exhumados de fosas clandestinas halladas en la región tras las desapariciones.
La fiscalía considera "secuestrados" a los estudiantes, pese a que algunos detenidos, entre ellos sicarios del cártel Guerreros Unidos, que opera en la región, han reconocido que asesinaron a algunos de los jóvenes y han llevado a las autoridades a otras fosas.
"El secuestro es posible, pero mientras más tiempo pase, las expectativas de que se encuentren con vida van disminuyendo", dijo a la AFP Javier Oliva, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, pública).
Las familias de los alumnos, que tuvieron una inyección de esperanza con los resultados de los análisis de ADN, siempre han asegurado que sus hijos están vivos y en poder de policías de Iguala fugitivos.
Sin embargo, para Oliva, resulta muy complicado "retener a 43 personas de manera incomunicada al 100%, que no puedan ser vistos por vecinos" ni localizados por los centenares de policías federales desplegados.
¿Quiénes son los muertos?
La fiscalía no dio pistas sobre a quiénes corresponderían los 28 cadáveres hallados en los tupidos cerros de Iguala, donde los vecinos aseguran que se esconde todo un "cementerio" clandestino.
"Pueden ser víctimas de pugnas (entre cárteles) o de extorsiones, secuestros, tráfico de órganos. Cosas verdaderamente malévolas y no lo digo en términos literarios, sino literales", expone Oliva.
Más de 80 cadáveres han sido desenterrados sólo este año en Iguala y sus alrededores.
Los habitantes de esta ciudad, situada a 200 km de Ciudad de México, llevan años aterrorizados por la impunidad del narcotráfico y su infiltración en las autoridades locales.
Vecinos de áreas rurales han narrado a la AFP que apenas salen de sus casas por las noches por temor a los sicarios que irrumpen allí para torturar y deshacerse de sus víctimas.
Según el gobierno, Guerreros Unidos era hasta hace poco un pequeño cártel que peleaba en Guerrero con otras dos organizaciones criminales, sobre las que finalmente se impuso, beneficiada por su infiltración en las instituciones locales.
El alcalde de Iguala y su esposa son buscados por la fiscalía mientras 26 de sus policías fueron detenidos como sospechosos de haberse llevado a los 43 estudiantes tras las balaceras.
Otros 14 agentes de la vecina localidad de Cocula fueron también arrestados y, según la fiscalía, confesaron que esa noche se desplazaron a Iguala, recibieron al grupo de estudiantes y lo entregaron en las afueras al cártel.
"Horror y vergüenza"
Después de ocho años de feroz lucha contra el narcotráfico, la sociedad mexicana está habituada a todo tipo de atrocidades, pero este crimen ha impactado al país y al mundo entero. Los reclamos han llegado desde Estados Unidos hasta organismos como la ONU.
Los mexicanos sienten "horror y vergüenza ante el mundo", dijo a la AFP Roy Campos, presidente de la encuestadora Consulta Mitofsky.
"Pero el principal sentimiento no es ni siquiera de un incremento de la inseguridad sino un deterioro de la imagen de la actividad política. Porque lo que se ha evidenciado es una convivencia entre las mafias y la política", recalca Campos.
La indignación alcanza a funcionarios de todos los niveles. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, es acusado de no enfrentar al crimen organizado que atemoriza su región.
Y al gobierno federal se le señala de no haber actuado antes en Iguala pese a que los indicios de infiltración del cártel alcanzaban a la esposa del alcalde, hermana de tres narcotraficantes.
Peña Nieto recalcó el miércoles que este crimen es "un momento de prueba para las instituciones y la sociedad mexicana en su conjunto".
