El 48% de los POS (Point of Sale, puntos de venta) para el uso de tarjetas de crédito y débito se encuentran en Montevideo, pero si se toma en cuenta a Canelones y Maldonado el número alcanza el 68%.
Los datos aparecen en un informe del Banco Central, donde se explica que los POS son un elemento fundamental para el funcionamiento de la ley de inclusión financiera que permite desde agosto el descuento de IVA.
El Ministerio de Economía anunció que publicará dos decretos para mejorar esta situación.
"Se le van a dar beneficios y facilidades a los pequeños comercios para que puedan incorporar, no solo los POS, sino también soluciones de caja que le permitan implementar una devolución de IVA sobre base real. Pero a su vez va a ser un instrumento que le permite mejorar la gestión al pequeño comercio y, por lo tanto, apunta también a la incorporación de tecnología para mejorar la operativa cotidiana", dijo Martín Vallcorba, asesor macroeconómico del Ministerio de Economía.
Vallcorba dijo que actualmente hay prácticas anticompetitivas por parte de las empresas de POS y por parte de las tarjetas. "Una pequeña tarjeta si no la dejan pasar por la red principal de POS tiene poco valor para el que la tiene porque no la va a poder utilizar. Por lo tanto, no permitir el acceso a la red de POS constituye un mecanismo que bloquea la competencia de pequeños emisores de tarjetas de crédito. De la misma manera, las pequeñas empresas de POS que están pensando en instalarse en el mercado, hoy tienen la restricción de que las tarjetas de crédito más difundidas no dejan que su tarjeta pase por la red de POS y eso hace que la red de POS carezca de valor. Esa es otra forma bloquear la competencia", afirmó.
El decreto sobre la interoperabilidad de redes establecerá condiciones iguales para todos y atacará las prácticas anticompetitivas.
"Apuntamos a contrarrestar las prácticas anticompetitivas y promovemos al mismo tiempo un sistema de pagos más eficiente y los principios de interoperabilidad que van a estar plasmados en el decreto tienen, en primer lugar, la obligatoriedad de alcanzar a todas las redes de POS y emisores de medio de pago electrónico, en segundo, ambos actores se deben acordar en qué condiciones van a operar, y el tercero, es el derecho a tener un tratamiento no discriminatorio", explicó Vallcorba.
Muchas emisores de tarjetas argumentan que por razones de seguridad no dejan pasar a su tarjeta por determinada red de POS. Ese es el recurso más utilizado para justificar las medidas anticompetitivas, según el ministerio. Por eso, ese aspecto también se va a regular con el decreto. "Se va a prever que los emisores de los medios de pago sean quienes establezcan los requerimiento de seguridad que les van a exigir a las redes. Nosotros vamos a establecer que esos requerimientos tienen que ser iguales para todos", señaló.
El éxito de la inclusión financiera y la red de POS
En febrero de este año, el Banco Central pidió a las instituciones proveedoras de POS que envíen información sobre la cantidad de dispositivos instalados.
En total, hay instalados 32.434 en todo el país (9,5 cada 1.000 habitantes). Pero la distribución no es igual para todo el territorio. En Maldonado, la disponibilidad cada 1.000 habitantes alcanza los 18 y en Montevideo es 11. Sin embargo, en departamentos como Artigas y Durazno es de 5 cada 1.000 habitantes.
Según el informe del BCU, hay nueve empresas que se presentaron como proveedoras de POS: Pos 2000, Scanntech, Redpos, Resonance, Sisteco, New Age Data, Pranasys, Geocom, y Abitab.
Como forma de desarrollar la colocación de POS, en el 98, a través de la ley 19.906 (Interés Nacional, Promoción y Protección) se declaró como inversión la adquisición de equipos para el procesamiento electrónico de datos y se otorgaron beneficios.
Luego, ya durante el gobierno del Frente Amplio, en el año 2011 a través del Decreto 459/011, se declaró de interés la promoción de la actividad de instalación y puesta en funcionamiento de terminales de punto de venta POS.
En 2012, el decreto 293/012 detalló más las especificaciones de los equipos y aumentó el período por el cual las empresas que incorporen estas inversiones obtienen beneficios fiscales.
Ahora, el gobierno anunció los dos decretos que se basan en la ley de inclusión financiera.
El Banco Central dice en su informe que "una implementación exitosa del proceso de inclusión financiera requiere como pre requisito, además de un marco reglamentario consistente y adaptado a las características de la economía y sociedad uruguaya, de una adecuada infraestructura tecnológica de dispositivos que permitan el pago de transacciones en forma electrónica, así como de puntos de extracción de efectivo, con cobertura e interoperatividad nacional".
