El juez del Crimen Organizado, Néstor Valetti, procesó a doce personas (tres de ellas con prisión) por 18 compras irregulares de la Armada Nacional. La mayoría son empresarios acusados de coautoría de fraude. También fue procesado un funcionario de la Contaduría General de la Nación y tres integrantes de la Armada, uno con prisión por fraude y los otros dos sin prisión, entre ellos el ex comandante en jefe Hugo Viglietti, por abuso de funciones.
Entre las compras realizadas está la adquisición de sistemas de sincronismo por GPS y otros implementos por 5.025.475 pesos, un sistema climatizador para buques por 2.488.848 pesos, repuestos por 1.753.839 pesos, equipamiento para buques 1.820.448 pesos y repuestos para motos por 1.829.402 pesos.
Además, el Poder Judicial dispuso el embargo genérico en los bienes y activos de los imputados por una suma equivalente a 500 UR (365.135 pesos) y el cierre de fronteras para todos los procesados.
La investigación sobre las compras fantasmas en La Armada comenzó en 2010 y en ese momento fue procesado el comandante en jefe, Juan Fernández Maggio, junto a otros oficiales.
En mayo de 2012, Mónica Ferrero, quien era fiscal en el Crimen Organizado, pidió los procesamientos de Viglietti, seis capitanes y 13 proveedores navales. En ese momento la causa estaba en manos de la jueza Graciela Gatti y luego pasó a Valetti.
Compras ficticias para obtener "fondos frescos"
Las compras ficticias se realizaron para obtener "fondos frescos" que la Armada necesitaba, según declararon algunos jerarcas durante la investigación. Hubo varias operaciones en las que luego no se encontraron los activos, que fueron solicitados por la justicia.
En el fallo del Poder Judicial, se explica que hay licitaciones abreviadas ficticias, de las que participó un teniente de navío, que compró mercadería que nunca fue recibida. En uno de los casos, crearon la empresa fantasma ANUK y usaron testaferros. Según declaró uno de los involucrados en la justicia, esto se hizo porque se necesitaba dinero para "hacer una justificación de algo". La maniobra fue pensada por un capitán.
Este capitán explicó en sus declaraciones que las compras se hacían para obtener "fondos frescos". El jerarca de la Armada dijo que se simulaban compras y ese dinero volvía a la Armada para ser manejado libremente, sin estar documentado. Además, aclaró que los registros que existían por las licitaciones ficticias fueron destruidos a pedido del entonces comandante en jefe, Juan Fernández Maggio, quien ya fue procesado por estas compras en 2010.
“Una vez que me daban la orden, ya sabía que no se iba a cumplir la licitación, cuando presentaba el estado financiero me decían si se tenía alguna cuenta de la que se pudieran extraer fondos y me decían que de esa iban a hacer una compra para obtener fondos frescos, esto me lo decían el Comandante en Jefe y el Jefe del Estado Mayor", dijo el capitán.
También hubo otra compra directa ficticia a la empresa IMPORT TRADING S.A. El dinero se utilizó, de acuerdo a las declaraciones de los involucrados, para pagar deudas atrasadas con el mismo proveedor. Pero de esto no existen respaldos, ni documentos. Nuevamente, se intentaron obtener "fondos frescos" para pagar deudas pasadas, explicó el juez en el fallo.
Además, en licitaciones donde no se compró nada, los titulares de las empresas recibieron un 10% del dinero de la operación por su participación. El resto volvía al teniente de navío responsable de la maniobra, esto también se comprobó en el fallo.
"Ellos me invitaron a mí, los de la Armada, de licitaciones me mandaron un fax, era para buques, no era mi rubro, yo conocía a B (teniente de navío) del fútbol y me enteré que no se iba a presentar nadie, no entregué mercadería... Es que me llamaron para no entregar la mercadería, me llamaron de licitaciones, no sé quien me llamó", declaró uno de los empresarios.
"Yo agarré ciento cincuenta mil pesos, no hubo el 10%, mi idea era entregar, yo llamaba y creo que era B., no quiero culpar a nadie... Yo el dinero se lo di en mano a B., no me dio recibo, él hablaba no sé con quién, yo estaba enojado, no era mi rubro, yo entregaba ese monto en otro tipo de materiales. Cuando yo entrego el dinero él hace una llamada y me dice tome esto se lo dejamos como que me van a pedir otros materiales, yo no me quería quedar con la plata, quería entregar materiales", agregó.
La compra de materiales por mayor monto (5.025.475 pesos) se le adjudicó a la firma GUASCOR SA, con domicilio en Buenos Aires, Argentina. Esta adquisición debió cobrarse a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), que está en la Contaduría General de la Nación, pero se hizo en ventanilla del Servicio de Contabilidad (SECON) de la Armada, por intermedio de un funcionarios de Contaduría General de la Nación, amigo de un capitán de fragata.
El capitán le solicitó a este funcionario que levante varios cheques en el SECON y se los cobre. Algunos, incluso, fueron cobrados por la esposa del funcionario de Contaduría, quien declaró ante la justicia que con el capitán de la Armada se conocían porque sus hijos iban al mismo colegio.
Las explicaciones del funcionario para justificar el cobro de esos cheques no convencieron al Poder Judicial y el hombre fue procesado por coautoría de fraude. El procesamiento fue sin prisión porque el hombre aportó información valiosa para la investigación, amparado en el artículo seis de la ley de Control y Prevención de Lavados de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (18.494).
