El proyecto prohíbe "toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco".
Además, define que la prohibición rige para "el patrocinio de actividades nacionales o internacionales" de cualquier índole y para la exhibición de productos de tabaco y derivados en los locales donde se vendan.
A su vez, establece que en los puntos de venta, "sólo se permitirá la colocación de una lista textual de los productos de tabaco que se expenden con sus respectivos precios".
La ley fue aprobada con los 50 votos del oficialismo, en 69 presentes.
En su intervención durante la votación, la diputada frenteamplista Bertha Sanseverino, que fue miembro informante, señaló que, según un informe de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, "hay evidencia de que la prohibición completa de la publicidad, promoción y patrocinio contribuye a la disminución del consumo y en particular, del inicio".
"Aprobando este proyecto de ley estamos cumpliendo con el deber constitucional de protección de la Salud Pública y cumpliendo con el convenio marco para el control del tabaco", añadió Sanseverino.
Al respecto, el diputado por el Partido Independiente, Daniel Radío, señaló que "paradójicamente, este proyecto que se presenta con el pretexto de cumplir con el convenio marco, no sólo es inconstitucional sino que, además, es violatorio del convenio marco para el control del tabaco".
Radío dijo que el convenio marco establece que la prohibición total "tiene que ser de conformidad con su Constitución o principios constitucionales".
Al respecto, comentó que "esto es violatorio del Derecho a la expresión del pensamiento, que está amparado constitucionalmente y por la Convención Americana de Derechos Humanos.
O sea, con el pretexto de cumplir con el convenio marco vamos a incumplir con el convenio marco".
Según él, el artículo de la Constitución que se viola es el 29.
"Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren", sostiene el artículo.
El nacionalista Antonio Chiesa, también criticó el proyecto, señalando que "transforma la venta de los cigarrillos de actividad legal a prácticamente ilegal".
Agregó que "bajo la bandera de la preservación de la salud" se impide la venta "de un producto hasta el momento permitido y autorizado como es el cigarrillo de tabaco".
Daoiz Uriarte, del Frente Amplio, expresó que está "muy lejos de considerar que esto pueda ser inconstitucional".
Añadió que "es un grave error tildar cada uno de los proyectos -como se viene haciendo- de inconstitucional.
Es una solución muy fácil pero acá hay un interés general concreto que es la defensa de la salud, y sobre ese interés establecen determinadas limitaciones".
La ley ya había sido votada en el Senado y no tuvo modificaciones en Diputados por lo que pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Documentos adjuntos:
