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El informe del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas contiene observaciones y recomendaciones.
Este trabajo es la consecuencia de tres informes que recibió por parte del Estado uruguayo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la sociedad civil, representada por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), el Comité de los Derechos del Niño y la Organización Mundial Contra la Tortura.
El Comité lamenta que, ante las decenas de denuncias penales por maltrato u omisión de asistencia a personas privadas de libertad, que fueron presentadas por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé, "el Estado no ha facilitado datos precisos sobre el número de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas".
Es por esto que se le exige "velar porque las investigaciones de las denuncias de torturas o malos tratos sean realizadas por un organismo independiente que cuente con los recursos necesarios; y evaluar eficacia de los sistemas de denuncia puestos a disposición de las personas privadas de libertad".
El informe también hace referencia a las condiciones de detención en los centros penitenciarios.
En ese caso, valora las medidas adoptas por el Estado para mejorar las condiciones y eliminar el hacinamiento carcelario, pero agrega que ve con "preocupación" los informes que denuncian deficiencias en la atención médica, abastecimiento de agua, saneamiento y ventilación de las celdas.
También se explica que existe falta información con respecto a las muertes registradas en centros penitenciarios.
"El Comité insta al Estado parte a que investigue sin demora, exhaustivamente y de manera imparcial todas las muertes de personas en detención, practicando en su caso las autopsias correspondientes.
Asimismo, el Estado parte debe evaluar cualquier posible responsabilidad de los agentes del orden y el personal penitenciario y, cuando corresponda, castigar debidamente a los culpables y proporcionar una reparación adecuada a los familiares de las víctimas", agrega.
Justicia juvenilEn el capítulo de justicia juvenil, el Comité se manifestó en contra de la baja de edad de imputabilidad a 16 años y expresó su "seria preocupación" por los informes recibidos, alguno basado en una visita que se realizó a Colonia Berro durante el mes de abril, donde se denuncian casos de malos tratos a menores internados en el SIRPA.
"De acuerdo con la información remitida, los casos de malos tratos documentados consisten en palizas, posiciones de estrés como "el paquetito" (atar a la persona de pies y manos enganchando los grilletes por detrás), castigos de carácter vejatorio y humillante, incluida la desnudez forzada, castigos colectivos, registros sin ropa, registros corporales invasivos y el uso de medios de coerción en el interior de los centros", se explica.
En el informe se insta al Estado a "investigar las presuntas irregularidades que se hayan podido producir en la administración de medicamentos a los menores internados" y a velar para que en casos de "presuntos actos de tortura o malos tratos se suspenda inmediatamente de sus funciones a los sospechosos mientras dure la investigación, especialmente si existe riesgo de que se repitan los hechos o de que se obstruya la investigación".
También se agrega que se debe proteger a las víctimas y testigos de tortura y malos tratos de posibles represalias.