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Este lunes No toquen nada informó que una adolescente discapacitada tuvo que viajar a Montevideo para que le practicaran el aborto.
Pese a que el embarazo era producto de una violación, en el hospital público de Salto la ginecóloga resolvió ampararse en la objeción de conciencia, que es legal.
Pero no se le brindó el asesoramiento necesario que estipula la ley.
Briozzo dijo que el Ministerio de Salud Pública está esperando una investigación que le pidió a Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), de la que depende el hospital.
"Es un caso muy preocupante porque habla de la falta de sensibilidad que hubo en esta situación concreta.
Nosotros le solicitamos a ASSE que instalara una investigación administrativa respecto a esto y estamos a la espera de los resultados.
Son cosas que no pueden pasar", afirmó.
Briozzo consideró que el caso no entra en la objeción de conciencia prevista en la ley que permitió la interrupción voluntaria del embarazo.
"Además, creemos que es fundamental mantener la continuidad asistencial.
Siempre hemos dicho que la objeción de conciencia puede considerada como un derecho de los profesionales pero nunca interrumpir la calidad asistencial.
Es decir, si yo objeto de conciencia tengo que tomar a la paciente de la mano y llevarla con un profesional que sí esté dispuesto a tener el compromiso con la paciente.
Si no se hace eso, se convierte en un delito", afirmó.
No toquen nada conversó con dos ginecólogas que atendieron el caso en el Pereira Rossell.
Una de ellas fue la ginecóloga Fernanda Nozar, profesora adjunta de Ginecología en ese centro.
"Yo puedo llegar a aceptar y entender que en el proceso de la interrupción, de la colocación de la medicación, o de la indicación de la medicación, digan que no están de acuerdo con ningún tipo de interrupción del embarazo y que en ese momento recurran a otro profesional que sí lo haga.
Pero no podemos negarle todo el proceso previo que fue mucho más relevante en esta situación.
Imagínense situaciones de violación, de déficit intelectual, de una vulnerabilidad socioeconómica tremenda, encima llegar al hospital público y le digan que no asisten ese tipo de pacientes.
No se puede permitir", afirmó.